El gran tema de esta semana para el sur de Sinaloa es la Presa Santa María, que vive uno de sus momentos decisivos, y donde solo hay dos caminos: la construcción inmediata con todo el apoyo Presidencial o el abandono del proyecto.
Ningún presidente, hasta Andrés Manuel López Obrador, lo había puesto tan claro: o la presa se construye en cuatro años o simplemente la federación se lleva los recursos para otro estado.
La política de obra pública de López Obrador consiste en construir sólo las obras que se pueden terminar durante su sexenio, para evitar dejar obra pública inconclusa, de ahí que apoyaría la construcción de la presa solo si es factible terminarla en lo que queda de su administración.
Los estudios aseguran que la presa sí puede construirse en ese lapso, el problema o la clave es el conflicto que se vive en el lugar, debido a la inconformidad de los comuneros, los dueños de la tierra, donde se pretende construir la cortina de la presa.
La reunión
Recientemente, los comuneros afectados por la construcción de la Presa Santa María se reunieron con el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, en un encuentro donde estuvo presente Graciela Domínguez, la líder de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.
La reunión culminó una larga negociación de los comuneros y representantes del Gobierno estatal, quien se ha convertido en una especie de intermediario entre los comuneros y el Gobierno federal.
El asunto de fondo es que los comuneros exigen que se les construya un nuevo poblado con todos los recursos y además se les indemnice por las tierras que van a perder en la construcción de la presa.
La solicitud es lo de siempre, el problema es que el Gobierno estatal ya sabe que este tipo de negociaciones se tienen que tratar con mucho cuidado porque generalmente terminan mal.
Para empezar, los comuneros hablan de alrededor de 200 millones de pesos como indemnización, además de lo que costaría construir un pueblo completo. Recursos que difícilmente puede soltar el estado en medio de una pandemia y una crisis económica sin precedentes.
La propuesta
Con tal de amarrar la construcción de la Presa Santa María y evitar que la federación se lleve el dinero que ya está destinado para construirla, el Gobierno del estado planteó a los comuneros indemnizarlos en partes.
A lo primero que se compromete el Gobierno es a construirles un nuevo poblado, algo que ya se ha hecho antes, cuando se construyó la Presa Picachos con poblados como La Iguana.
La construcción se haría en los dos primeros años de la construcción de la presa y la indemnización, el resto del trato, se haría en los dos últimos años de la administración federal.
Actualmente, la propuesta la llevaron los representantes al resto de los comuneros para analizarla, mientras el Presidente espera la respuesta para decidir si visita la zona en su próxima gira, que por cierto se ha cancelado dos veces por distintos motivos.
La pelota está en la cancha de los comuneros, si no aceptan, los recursos simplemente volarían para otro estado.
Inseguridad Alimentaria
A la que le deberían de cambiar el nombre es a la dependencia federal responsable de pagar los apoyos anunciados a los productores de maíz de Sinaloa y el resto de México, la llamada Seguridad Alimentaria Mexicana.
La dependencia perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural debería de llamarse “Inseguridad Alimentaria Mexicana” porque ha sido incapaz de cumplir con su promesa de pagar a los productores.
Nos enteramos que el martes, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel viajará por enésima ocasión a la Ciudad de México para entrevistarse con los funcionarios de la mentada dependencia para exigirles, pedirles o rogarles que ya paguen lo prometido.
Y de pasada, Ordaz Coppel también visitará la Secretaría de Hacienda, la dependencia más visitada por los gobernadores en estas fechas, con la esperanza de conseguir algo para las agotadas arcas del gobierno sinaloense.
Resulta que el Gober no va a pedir nada extraordinario, la petición es que por lo menos entreguen lo que el estado gasta para sacar adelante salud y educación, y que en gran medida son responsabilidad del Gobierno federal.
¡Todos son Graciela!
El enfrentamiento ha ido creciendo como el rumor de la creciente de un río cuesta abajo, donde los protagonistas son el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y la Diputada, Graciela Domínguez Nava, líder de la bancada de Morena en el Congreso.
El asunto ya fue más allá del exabrupto del Alcalde porque congelaron algunos cobros de la Comuna.
Se habla hasta de amenazas públicas y privadas, algunas públicas, otras en lo oscurito.
Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses califica las agresiones del Alcalde de Culiacán como violencia política contra Graciela, de acuerdo a la Ley.
Dijo que esta conducta ha sido reiterada por parte del Alcalde.
Habrá que ver qué dice la Legisladora, denunciarlo sería iniciar una guerra interna en Morena y la verdad el horno no está para bollos.
Aprovecha la recta
Y quien aprovechó todo el asunto de Estrada-Graciela fue el Diputado Pedro Villegas Lobo, acusó al Alcalde de misógino.
Según Villegas Lobo, Graciela Domínguez no es la única víctima del Alcalde de Culiacán, y suma a la Síndica Procuradora, Sandra Martos Lara y a la Regidora de Morena, Yareli Sánchez.
“Estrada Ferreiro es un misógino, agredió a la Sindica Procuradora, Sandra Martos, con amenazas, ha agredido a la Regidora de Morena, Yareli Sánchez”, denunció el legislador.
Dijo que la razón que está detrás de esas agresiones es que el Alcalde quiere preferencia para que se apruebe la Ley de Hacienda Municipal, la cual fue dictaminada y se está atendiendo como las demás iniciativas que llegan.
El legislador aseguró que no lo harán a capricho del Alcalde.
Este asunto se pone turbio y miré que todos son de Morena.
