"Ya hay responsable"

Las autoridades federales siguen soltando “carnita” en torno a la información del operativo fallido que detonó una tarde-noche de terror en Culiacán, el 17 de octubre.

Ayer, Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, conocido como GAIN, fue el encargado del operativo en el que se capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán López.
Aunque insistió en que “no fue un error” que elementos de la Guardia Nacional no hayan llegado al punto que tenían asignado durante el operativo, sino que fueron atacados en un cruce de avenidas y se vieron obligados a responder la agresión.
El General aseguró que Guzmán López permaneció en la casa en donde lo ubicaron y nunca fue movido de ahí, antes de que todo el personal se comenzara a retirar.
Dijo que es el comandante del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico a nivel nacional, quien dirige y es el responsable de la generación de la información del grupo, quien maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura.
Unas siglas que han de quedar grabadas GAIN, un grupo que según el titular de la Sedena tiene cuatro subjefaturas, análisis, doctrina, inteligencia y operación.
Bonita la estructura así vista como siglas, pero el asunto es que cuando menos ese día fue ineficaz.

Y después de dejarlo libre...
“A ver, a ver”, como dice el Gobernador Quirino Ordaz Coppel cuando le preguntan algo no muy grato, entonces en qué quedamos con el señor Presidente de la República, ¿habrá cacería de capos o sólo cuando lo pida Estados Unidos?
Ayer, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador, enfático, aseguró que la orden de captura y de extradición en contra de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, siguen vigentes.
Aseguró que se tiene que continuar porque se mantienen los acuerdos de extradición con países como Estados Unidos.
Recordemos que él había dicho que no iba a andar perdiendo el tiempo ni vidas por andar correteando narcos.
Porque el Presidente de la 4T siguió con sus expresiones domingueras y baratas de andar culpando al pasado.
“Que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legítima defensa, que no haya ese afán autoritario fascistoide que prevalecía, de querer arrasar, exterminar, de querer acabar con el contrario, sino que cuidemos la vida de todos y al mismo tiempo se garantice la paz y tranquilidad”, dijo.
Ah, pero eso sí, a pregunta de una reportera fue enfático: “Nosotros no recibimos órdenes de Washington”: una frase para el fin de semana.

Panteones sin orden
En Sinaloa ni los muertos moran tranquilos en los camposantos.
Con motivo del Día de Muertos supimos que en el estado los panteones que son administrados por los gobiernos locales no tienen orden ni planos y no poseen una actualización con los nombres de las personas que han sido enterradas en ellos.
Tal desorden fue advertido por el historiador y cronista Luis Antonio García Sepúlveda, quien también dijo que hay corrupción, porque nada más ponen tumba a diestra y siniestra, con perdón de la palabra.
“Desgraciadamente en ninguno de los panteones civiles, es decir, ninguno de los que son administrados por los ayuntamientos, en ninguno hay un plano de ubicación de las tumbas, tampoco hay un libro actualizado donde se diga quiénes son los propietarios, o quiénes son los difuntos que están en cada tumba”, denunció el especialista.
García Sepúlveda ha escrito libros sobre la historia de los panteones civiles de los municipios de Badiraguato, Mocorito, y también logró imprimir una edición de revista con artículos sobre el emblemático panteón San Juan de Culiacán.
Y los panteones de una ciudad son parte muy importante de su historia, por lo que sí es necesario que las autoridades no echen en saco roto las declaraciones del historiador.

Rechazan legalización
La Asociación Mexicana de la Industria de Distribución de Automotores puso el grito en el cielo para demostrar su rechazo a la posible legalización de los vehículos ilegales, conocidos como “chocolates”.
La polémica “legalización” es uno de esos temas que siempre sacuden a México, marcando una fuerte división entre los que la apoyan y los que la consideran uno de los temas que más afecta a la economía nacional.
La variación al Artículo transitorio de la Ley de Ingresos del 2020 se encuentra en el Senado de la República, donde los legisladores tendrán hasta el 5 de noviembre para tomar una decisión a favor o en contra.
Hay que tener en claro que los diputados ya se mostraron a favor y regresaron la Ley al Senado, pidiendo algunos cambios.
Otro de los protagonistas del encontronazo legal es el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al que atribuyen encontrarse a favor de la legalización, un “banderazo de salida” en caso de confirmarse como un dato certero.

El camino
En caso de que se apruebe la legalización de los “autos chocolates”, algunos de sus apoyadores aseguran que se instalarían quioscos en varios estados para que la gente pague sus impuestos y reciba su documentación.
Las asociaciones que se encuentran en contra de la medida aseguran un daño, de por lo menos 1.3 millones de autos nuevos, o lo que se puede traducir en pérdidas de por lo menos 50 mil millones de pesos, en concepto de IVA.
Sin embargo, un costo que casi nadie calcula es el político, y es ahí donde la mayoría de las veces se mueve este tipo de decisiones.
López Obrador y su entorno saben que la mayoría de las personas que utilizan este tipo de vehículos son de bajos recursos, gente trabajadora, que de otra manera no tendría acceso a un vehículo.
Aunque la mayoría de estos vehículos se encuentran en la frontera entre EU y México, en algunas zonas agrícolas de Sinaloa hay miles de estos vehículos, circulando por las calles sin las prestaciones, seguros y documentos que lo avalen.