"Rubén Robles Catalán, su asesinato se piensa fue por su última función pública relevante, pues no faltó información desaprensiva que hablara de ´la venganza de Aguas Blancas´."

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Justicia, no venganza El notario público número 13 de Acapulco, Rubén Robles Catalán,  fue asesinado el martes por la mañana en Acapulco. Lo aguardaban tres matarifes, que al descender de su vehículo el abogado de 62 años, se lanzaron sobre sus blancos. Dos atacaron con decenas de disparos a Salvador Hernández, chofer del ex funcionario, y en pos de éste fue el tercer tirador, que le asestó 9 balazos. Dada la última función pública relevante de Robles Catalán, no faltó información desaprensiva que hablara de "la venganza de Aguas Blancas", como si los deudos y sobrevivientes de entonces estuvieran en condición de ajustar cuentas de modo violento con el pasado y no fueran, como son, inermes e indefensos peticionarios de justicia. El 28 de junio de 1995 tropas policiacas del estado de Guerrero atacaron a un camión de carga que daba servicio de pasajeros y mataron a 17 de los ocupantes, campesinos que se dirigían a un mitin de protesta a Atoyac de Álvarez. La matanza, ocurrida en el vado de Aguas Blancas, fue planeada por autoridades locales, que pretendieron encubrir su acción con la coartada de que repelieron una agresión. Pero la criminal treta no prosperó. En coincidencia afortunada, tres poderes desmontaron la sucia operación: un video que recogió las escenas de muerte fue hecho llegar a Ricardo Rocha, que lo difundió a través del canal 2 de Televisa; la Suprema Corte de Justicia ejerció excepcionalmente su facultad de investigación y denunció la patraña gubernamental; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó sancionar a los responsables de la matanza. En su recomendación 104/95, la CNDH estableció que "17 personas pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur... resultaron muertas (cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria) de manera intencional por la Policía judicial estatal y la policía motorizada; que diversos campesinos resultaron heridos; y que la averiguación previa TAB/J/3208/95 y su correspondiente desglose adoleció de irregularidades que, de no corregirlas, repercutirían en el esclarecimiento de los hechos, toda vez que... existía la posibilidad, muy alta, de que funcionarios del gobierno del estado hubieran intervenido en los sucesos del 28 de junio." En esa situación, la CNDH recomendó, entre otros puntos, "que hasta en tanto no se consignen las averiguaciones previas que se inicien y con el fin de facilitar el desarrollo de las mismas, se suspenda en el ejercicio de sus funciones al licenciado José Rubén Robles Catalán, Secretario General de Gobierno del estado, responsable de la función de seguridad pública en la entidad..." Emitida esta recomendación el 14 de agosto de 1995, ante su desacato en marzo siguiente el presidente Ernesto Zedillo pidió a la Corte la investigación constitucional mencionada, y el 12 de ese mes el Gobernador Rubén Figueroa fue destituido, bajo la forma de petición de licencia. Aunque fueron procesados agentes policiacos y algunos funcionarios, los deudos y sobrevivientes de la matanza quedaron inconformes con ese procedimiento. La semana pasada, al cumplirse diez años del feroz acontecimiento, pidieron al Gobernador Zeferino Torreblanca "que tenga voluntad, para que haya justicia y se castigue a los verdaderos culpables". En esa condición estaba incluido Robles Catalán, junto con Figueroa y el procurador Antonio Alcocer. Los inconformes tienen claro, según dijo su abogado Fabián Gómez, "que en la matanza participaron más de 480 policías motorizados, antimotines y judiciales" a quienes sus superiores dieron órdenes "y por lo tanto debe haber castigo para los culpables" (El Sur de Acapulco, 28 de junio) En el mes anterior al atentado de Aguas Blancas, Robles Catalán había sido señalado por la viuda del abogado Norberto Flores Baños como involucrado en el asesinato de su marido, que a la sazón llevaba en tribunales un juicio sobre paternidad, contra el entonces Secretario de Gobierno. Meses más tarde, y ante la impunidad de quienes ultimaron a su esposo, la señora María Luisa Méndez insistió en su señalamiento. El director del semanario Siete días, Jesús Abel Bueno León, se hizo eco en su periódico de esa denuncia, fue amenazado por Robles Catalán según su propio dicho, y fue asesinado en mayo de 1996. En ese mismo mes murió también, en la apariencia de una volcadura, el comandante Rómulo Pacheco, de la policía judicial quien poco antes había asegurado tener la solución del asesinato de Flores Baños, y dijo temer por su vida. Antes de Aguas Blancas, Robles Catalán había desarrollado una carrera casi siempre en ascenso. Nacido en Cacalutla el 18 de enero de 1942, se hizo abogado en la Universidad local y siempre ocupó puestos públicos (aunque uno de sus fracasos fue curado con la adjudicación de una notaría, en 1986). Fue diputado local dos veces y una más en el Congreso de la Unión. Y antes de ser Secretario de Gobierno fue Procurador de Justicia. Después de Aguas Blancas, si bien no se retiró de la vida pública, no levantó cabeza. En 1999 perdió la contienda interna del PRI por la candidatura a Alcalde del puerto en que anteayer perdió la vida. Ya antes, teniendo segura su psotulación, se la quitaron a favor de un enviado del centro, el almirante Alfonso Argudín. (Fue el percance pagado con la notaría). Y hace tres años, candidato priista a lo que sería su tercera ocasión en la legislatura local,  perdió la elección ante la abogada perredista Adela Román Ocampo. (El Sur de Acapulco, 7 de julio).