"Mientras los votantes no tengamos la oportunidad de reelegir a los legisladores eficaces y cumplidos y de negar nuestro voto a los que no lo son, este país se encamina a una dictadura de los partidos políticos muy peligrosa."

Gilberto Yáñez

Los diarios de la capital del país informaron de un incremento en el sueldo de los diputados federales, realizado con sigilo para tratar de evitar que los medios de comunicación se percataran del aumento. Hubo algún diputado que negó que se hubiera aprobado un pago adicional de 18 mil pesos mensuales, pero finalmente otros diputados lo aceptaron. Esta noticia trajo de nuevo a la mesa de las discusiones de café y de amigos, el añejo problema mexicano de la baja calidad de los legisladores representantes populares, tanto diputados federales como locales, y desde luego, también de los senadores, que dicho sea de paso, ostentosamente y sin ningún rubor ni fundamento constitucional se hacen llamar "Senador de la República", sin percatarse de lo ridículo del apodo, que no otra cosa es esa denominación, ideada para dar más importancia al devaluado cargo de legislador miembro del Senado mexicano.
Lo que en mi opinión debe destacarse de esta información, no es el monto del aumento en el sueldo, ni el culpable sigilo con el que se comportaron algunos diputados, sino el problema de fondo que consiste en que la opinión pública, con sobrada razón, considera a los diputados federales y también a los locales, como parásitos de la sociedad, a pesar de que teóricamente son nuestros representantes, elegidos democráticamente por elección directa y secreta. Basta decir que las encuestas de opinión realizadas y publicadas por la prensa del Distrito Federal ubica a los legisladores mexicanos al nivel de popularidad de los policías: sólo el cinco por ciento de los opinantes encuestados expresó que son personas positivas para la sociedad.
Adicionalmente, dejando a un lado también las encuestas de la opinión pública, la realidad es que nuestros amigos, parientes, clientes y personas con las cuales nos relacionamos cotidianamente, se expresan mal de los legisladores federales y locales. El principal motivo de queja es el pecado común que consiste en que en cuanto ganan la elección se olvidan de sus electores y se dedican a adular y a cortejar al líder de su partido político, al Presidente de la República o al Gobernador del Estado, según sea el caso personal de cada uno y el partido al que pertenecen.
De vez en cuando los legisladores se reúnen con sus amigos para ofrecer un supuesto informe de labores que ni es informe, ni hay labores que informar, por lo que todo termina en una reunión de personas que estiman que el legislador informante puede tener futuro político promisorio y por ello conviene estar cerca de él. Pero es evidente que no hay relación de comunicación constante entre los legisladores federales y locales y los votantes que hicieron posible que esos legisladores alcanzaran sus respectivas posiciones políticas en el Congreso Federal o en los congresos locales.
Ciertamente los expertos en teoría política han diagnosticado desde hace mucho tiempo el origen del problema o de la enfermedad social, que es lo mismo: como los electores no podemos reelegir a los legisladores federales ni a los locales, éstos no tienen interés en tener comunicación con los electores, quienes pueden elegirlos, pero no pueden premiarlos o castigarlos con la reelección o la negativa del voto.
En virtud de ello, los legisladores ya electos se dedican a cortejar a los dirigentes de su partido político y a su Gobernador estatal, porque saben que de ellos depende su carrera política, de la misma manera como antes el adulado era el Presidente de la República, porque hasta el año 2000 era jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe de Partido y todas las decisiones políticas importantes, tanto las del gobierno federal y estatal como las del partido, debían ser aprobadas por él y en muchos casos, decididas por el mismo Presidente.
Desgraciadamente, el olvido inmediato de sus electores que sufren los legisladores en México produce un fenómeno político terrible: no trabajan en sus actividades legislativas y por ello, la legislación mexicana, tanto la federal pero sobre todo la estatal, se encuentran en atraso de cuando menos cincuenta años. Los códigos civiles y penales de los estados y la legislación orgánica que organiza y regula la estructura administrativa de los poderes ejecutivos de los estados y sus dependencias, contiene disposiciones de la más rancia alcurnia del PRI, en cuanto que nunca encontraremos alguna disposición que obligue a los servidores públicos estatales a rendir cuentas de sus actos a los ciudadanos que pagan los impuestos que ellos dilapidan.
Curiosamente, la organización administrativa de los estados se ha quedado más atrás que la de la Federación, porque la mayor parte de los estados sigue siendo gobernada por gobernadores del PRI, quienes no se han visto obligados a modificar su viejo sistema autoritario y unipersonal de toma de decisiones. Cuando llega al estado un Gobernador de otro partido político, encuentra más cómodo seguir con esa legislación que cambiar las normas para verse obligado a rendir cuentas.
Los diputados locales son invariablemente subordinados del Gobernador del Estado porque su futuro no depende de los electores sino del Gobernador. Por su parte los presidentes municipales, aún los de otros partidos políticos, deben ser muy cautelosos y procurar mantener una buena relación política con el Gobernador, sin ataques políticos, para lograr que haya inversión estatal en su Municipio.
La consecuencia negativa inmediata es evidente: los legisladores estatales aprueban sin retraso y rápidamente las cuentas públicas de los municipios gobernados por el PRI, a pesar de que sus mismos partidarios acusan a sus alcaldes y regidores de corrupción o cuando menos, de uso indebido del dinero del erario municipal. Los regidores aprueban todos los desmanes del Presidente Municipal y formalmente otorgan al Alcalde una carta blanca que por supuesto, produce efectos devastadores en la economía municipal, aunque en muchos casos aumente los ingresos de algunos de los funcionarios municipales favoritos del Alcalde. Obras públicas innecesarias y sobre todo, deuda pública para hacer esas obras no indispensables, son las decisiones más dañinas de los miembros de los ayuntamientos, para ayudar al Alcalde a hacer sus negocios privados.
La cadena de aprobación y limpia político-económica continúa al aprobar los diputados locales la cuenta pública del gobierno estatal, en la cual existen irregularidades que nunca se encuentran en las auditorías que realiza el Congreso local. Esto sucede en todo el país, aún en estados gobernados por el PAN o el PRD por primera, segunda o tercera vez, lo cual revela la fragilidad de la naturaleza humana y la necesidad de que por ello, existan leyes obligatorias que regulen y sobre todo, que sancionen las conductas ilegales, sean cometidas por quien sea.
Por otra parte, la sumisión política de los gobernadores del PRI al Presidente de la República durante 70 años provocó que los estados se convirtieran en los limosneros de la Federación, porque los estados no tenían ingresos fiscales propios importantes y ello impedía que su presupuesto anual pudiera ofrecer el dinero necesario para organizar los servicios públicos municipales y estatales indispensables.
Esa es la razón por la cual no tenemos policía preventiva eficaz; que haya servidores públicos ladrones que nunca rinden cuentas y que nunca son castigados por sus abusos; que las compras de bienes y servicios por los gobiernos municipales y estatales no son nunca transparentes, como tampoco lo son las compras del gobierno federal; y que en pleno Siglo 21 en Sinaloa y en casi todo el país no tengamos sistemas de drenaje en la mayor parte de los pueblos y en gran parte de las ciudades y que los municipios sigan gastando en obras de secundaria importancia, a pesar de tener aguas negras en todas las ciudades, que brotan de las alcantarillas por falta de mantenimiento o simplemente por falta de sistema de drenaje en las colonias populares y hasta residenciales.
La falta de policía preventiva eficaz es un problema común a todos los municipios del país. Algunos municipios más organizados y especialmente ricos por el impuesto predial de sus residentes prósperos, como Garza García en Nuevo León, han reducido notablemente la inseguridad pública urbana mediante la creación de policías municipales que reciben un entrenamiento más o menos adecuado y sobre todo, un ingreso mensual razonable y proporcional a la peligrosidad de su trabajo. Pero son muy pocos los ejemplos en el país. Tal vez cuatro o cinco municipios del Norte del país.
Todos los problemas antes mencionados son el resultado de la negligencia de los legisladores federales y locales y del atraso legislativo que producen por su inactividad. Mientras los votantes no tengamos la oportunidad de reelegir a los legisladores eficaces y cumplidos y de negar nuestro voto a los que no lo son, este país se encamina a una dictadura de los partidos políticos muy peligrosa, porque ejercerán su autoritarismo desde los poderes legislativos de la Federación y de los estados y negarán a la sociedad los servicios eficaces que son producto de leyes cuidadosas, bien meditadas y mejor aprobadas.
Lamentablemente los votantes se muestran muy contentos con la situación actual y votan alegremente cada tres años por elegir a diputados federales y locales que ya sabemos que no servirán para nada. Pero nadie quiere hacer olas.