Hasta hace algunas semanas, todo era Michoacán. Despliegue federal, legalización de autodefensas, segunda muerte de Nazario Moreno. Y en medio, declaraciones reiteradas de funcionarios federales y estatales sobre la presunta victoria del gobierno en Tierra Caliente. Apenas la semana pasada, Monte Alejandro Rubido, recién nombrado Comisionado Nacional de Seguridad, describió a la intervención como un "caso de éxito".
¿Lo es? ¿Se le debe acreditar un triunfo en materia de seguridad a la administración de Enrique Peña Nieto? La respuesta es no.
Empecemos con los números. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron en enero, 91 averiguaciones previas por homicidio doloso en Michoacán. Ello equivale a 2.9 homicidios diarios en promedio. En febrero, primer mes completo tras el operativo federal, se reportaron 81 homicidios dolosos, 2.9 por día en promedio. No hubo efecto alguno.
¿Qué tal el secuestro? 17 plagios denunciados en enero, 19 en febrero, casi mismo número de víctimas en ambos meses. ¿La extorsión? 38 casos en enero, 29 en febrero. Una aparente mejoría, pero el total de febrero es mayor al de cualquier mes de 2013.
Las cifras de otros delitos lucen algo mejor, pero la conclusión es inescapable: la presencia masiva de elementos federales y la cooperación abierta con los grupos de autodefensa no parece haber producido una reducción notable de la actividad delictiva en el estado. Al menos no en las etapas iniciales de la operación.
¿Pero no se ha logrado un debilitamiento de la estructura de Los Caballeros Templarios? Probablemente. El abatimiento de Nazario Moreno fue sin duda un golpe importante a esa organización, como lo fue antes la captura de Dionisio Loya Plancarte. Asimismo, la presencia de las autodefensas parece haber dificultado, si no es que eliminado, el pago de tributos en diversos municipios del estado.
Sin embargo, la organización está aún lejos de estar derrotada. Dos de sus principales líderes -Servando Gómez, alias "La Tuta", y Enrique Plancarte, alias "El Kike"- siguen libres. Tiene aún suficiente estructura para imponer tributos y generar terror en múltiples poblaciones. Y, por supuesto, la exportación de drogas ilegales es un negocio más que vivo.
Por su parte, las autodefensas se han vuelto un problema de difícil manejo. Su transformación en cuerpos de defensa rurales no ha procedido a la velocidad esperada. No han detenido su avance y sólo fue posible registrar una fracción de las armas en su poder. Las divisiones al interior del movimiento han aflorado a últimas fechas, como lo demostró el conflicto que llevó a la cárcel a Hipólito Mora. Y más grave aún, se ha acumulado evidencia de participación de algunos grupos de autodefensas en formas de extorsión.
Y el Gobierno del Estado sigue ausente. El Gobernador Vallejo se dedica a aplaudir las medidas anunciadas por las autoridades federales. Para todo fin práctico, el comisionado Alfredo Castillo gobierna Michoacán. Y eso genera lo obvio: las autoridades del estado se han desentendido del problema. En dos meses de operativo, hemos sabido poco o nada de esfuerzos estatales de fortalecimiento de capacidades o de reforma institucional.
Por ese motivo, no es posible ser muy optimista sobre el futuro de Michoacán. Los frágiles logros son resultado de una presencia federal masiva y de la tolerancia a grupos armados ilegales. Esos elementos son insostenibles en el largo plazo. Se requiere liderazgo local para encontrar una salida a la crisis, pero nada ha sido más escaso en estos dos meses. Y mientras no aparezca, no habrá victoria que presumir.
Director de Política de Seguridad, IMCOTwitter: @ahope71
