El viernes se dio a conocer que después de tres años de rastrear en decenas de lugares, de encontrar 95 fosas clandestinas con cuerpos y restos de personas, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, líder de Las Rastreadoras de El Fuerte, encontró a su hijo Roberto Corrales Medina.
El 14 de julio, cuando él cumplió tres años de su desaparición, la líder de Las Rastreadoras acudió a un predio del poblado de Ocolome, porque días antes recibió un mensaje anónimo en el que se le indicó el lugar donde posiblemente podía estar su hijo.
“Cuando él cumplió tres años hice la búsqueda y encontré un cuerpo y cuando lo vi pensé que era Roberto, siempre dije que era Roberto y me lo confirmaron”, dijo Mirna.
El sábado acudió al lugar para seguir buscando más restos.
Su lucha se ha convertido ya en bandera internacional de la búsqueda de desaparecidos y desnuda a unas autoridades omisas, corruptas, indiferentes, sin planes ni acciones concretas.
Una lucha ciudadana cuyo símbolo sería una pala y un zapapico, llenos de tierra, mucha tierra, que jamás cubrirá el dolor.
La exigencia de justicia no deben ser como las “campanadas a misa”, sino como el exhorto a sumarse y a ser solidarios.
El sur, en desgracia
El asesinato de cinco personas y tres más heridas en la comunidad Isla del Bosque, Escuinapa, vuelve a empañar los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno del Estado para contener la inseguridad.
Y si el Estado pensaba que anunciando una estrategia integral de seguridad cambiaría la percepción hacia afuera de Sinaloa, el multihomicidio de la Isla del Bosque y el doble asesinato perpetrado en Villa Unión, el domingo, derrumbaron esa pirámide mediática con la que se pretendía mostrar otro rostro de Sinaloa, el del desarrollo económico con la llegada de inversiones privadas en sectores de la industria tecnológica.
Por más presencia militar, el crimen organizado se las arregla para cometer delitos de alto impacto con la complicidad de autoridades de todos los niveles de Gobierno.
Por eso, el resurgimiento de la violencia en esta región debe entenderse como el vacío de autoridad que permite que la impunidad sea la reina de la desgracia de los sinaloenses.
Desactivar al crimen significa poner todas las instituciones del Estado mexicano en esta lucha, sin violentar el estado de derecho y los derechos humanos. Por desgracia eso sucede sólo en países donde las instituciones son sólidas y castigan a quienes violan la Ley y garantizan juicios imparciales para los procesados.
Anticorrupción
Hoy, en la Sesión de Periodo Extraordinario se realizará la segunda lectura y podría aprobarse el Dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para entrar en la etapa final del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
Además se tendrá que crear la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y un Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.
Como se recordará, en este Consejo Consultivo participarán seis consejeros ciudadanos, los cuales serán nombrados con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados, previa consulta pública que deberá ser transparente y dirigida a la sociedad civil.
Las palabras son bonitas, esperemos que no nos salgan con algún “Frankestein” legislativo.
Los ofendidos
El trabajo de Noroeste sobre cómo gasta el Gobierno municipal de Mazatlán el presupuesto en difusión de las acciones de gobierno activó rencores.
Incluso, hay quienes aseguran que el lunes se reunió a todos los jefes de prensa de las dependencias municipales y paramunicipales para crear una estrategia de contención, pero más bien fue de reacción.
Y decimos de reacción porque de pronto comenzaron a circular “editoriales” de los que se sintieron exhibidos denostando el trabajo presentado por esta casa editora.
Pero hubo quienes fueron más allá, y desde sus cuentas de redes sociales, sin importar que son funcionarios de la Comuna, replicaron estas “editoriales”. Cuesta creerlo.
Favores políticos
Los errores en la remodelación de las calles del Centro Histórico en Mazatlán están a la vista de todos: los encharcamientos, las palmeras mal ubicadas, las luminarias y el último: los niveles erróneos de la calle Benito Juárez que ponen en evidencia la mala supervisión del Ayuntamiento y la poca experiencia de las constructoras.
Y precisamente, la constructora a cargo de la Benito Juárez es del ingeniero, Roberto Andrade Limón, presidente de la CMIC y además esposo de la Diputada Local, Margarita Villaescusa.
Otros contratistas fueron sancionados con cantidades cercanas a los 600 mil pesos, pero al responsable del error sólo se le llamó la atención, a pesar de los problema que pudo haber provocado el fallo.
¿Cuántos errores más van a permitir por parte de las “constructoras amigas”?
