En Mazatlán se viven días oscuros. Hay un ambiente hostil para la prensa crítica, no así para los portales que funcionan como comparsa, replicando boletines y comunicados oficiales del Ayuntamiento, como si fueran notas propias.
La consigna es no cuestionar ni evidenciar las fallas o la corrupción que hay en la administración.
Pero lo que vino a ensombrecer más el clima adverso a las libertades es el artero asesinato del joven Manuel Alejandro, de tan solo 15 años, hijo de un activista del Movimiento Amplio Social Sinaloense, del abogado René Castro Lizárraga.
René se ha dedicado por años a defender colonos en contra de intereses de inmobiliarias y terratenientes urbanos.
El problema de los asentamientos irregulares se ha agravado por la falta de políticas públicas de todos los niveles de gobierno para garantizar el derecho humano a la vivienda para todos los ciudadanos.
Pues bien, intereses oscuros están detrás de la muerte del joven, asegura el MASS, organización con orientación de izquierda.
Hoy, martes, se manifestarán integrantes del MASS a las 10:00 horas, en la sede de la Vicefiscalía de la región sur, en exigencia de justicia para Manuel Alejandro.
Por otro lado, habrá que estar muy pendientes porque también se espera que empiecen a llegar las denuncias formales del gremio de los periodistas.
Lupa sobre la obra pública
Ayer, el organismo Iniciativa Sinaloa puso el dedo en la llaga en lo que a licitaciones se refiere, al informar que el Gobierno estatal actual ha contratado a empresas señaladas por irregularidades en contratos de la administración anterior, encabezada por Mario López Valdez.
La obra, la construcción del Centro de Salud de Culiacán, y el fallo fue a favor de las constructoras en asociación MTorres Desarrollo y Construcción SA de CV e Ingeniería de Negocios Sostenibles SA de CV.
De acuerdo a Iniciativa Sinaloa, ambas empresas suscribieron contratos de manera irregular en el sexenio de Malova, incluso una de ellas llevó a la inhabilitación del ex Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Luis Sevilla Suárez.
Sin embargo, el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel falló a su favor y les otorgó un contrato por 120 millones 800 mil 402.3 pesos, emitido 11 de junio de 2019.
Y todo eso para empresas señaladas con irregularidades en la edificación del Centro Cultural de Guasave, Hospital Integral de El Carrizo e incluso la Avenida Álvaro Obregón.
Obras cuestionadas en su momento y que Iniciativa Sinaloa deja para la reflexión.
Que no hay ilegalidad
Más rápido que encontrar un meme en el “face” fue la respuesta del Gobierno del Estado ante los señalamientos que hizo Iniciativa Sinaloa.
Y fue Osbaldo López Angulo, Secretario de Obras Públicas, quien aseveró que las empresas contratadas para la construcción del Centro de Salud no están inhabilitadas para participar en licitaciones, por lo tanto no existe irregularidad alguna.
Tajante, el funcionario dijo que no existen fundamentos legales que impidan que empresas como MTorres Desarrollo y Construcción SA de CV e Ingeniería de Negocios Sostenibles SA de CV participen en licitaciones y sean contratadas por el Gobierno.
“Por lo pronto no tenemos ningún impedimento ni federal ni estatal, ningún impedimento”, puntualizó el funcionario.
Quizás Osbaldo López Angulo, tenga razón, para el Gobierno no hay irregularidades o ilegalidades de estas empresas que valgan como para no contratarlas.
Pero hasta para contratar un plomero pides referencias.
O dime con quién andas y te diré quién eres.
¿De veras lo podrán lograr?
Que se acabarán los amiguismos, que ya no más parientes recomendados, que no más compadres, reales y “hechizos” en el servicio público, no más nepotismo.
No es el diálogo de una película, ni es la arenga de un mitin político, es más, ni siquiera es la rasgadura de vestiduras de síndicos procuradores de ciertos municipios, no, en verdad en el Congreso del Estado van contra el nepotismo, sí esa palabra que se escribe, se lee y se escucha tan feo, pero que la mayoría de los políticos nada más llegan al poder y practican.
La Diputada morenista, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, fue quien planteó que en Sinaloa sea delito grave que funcionarios contraten a parientes en cargos públicos, sólo por influyentismo.
Y lo hizo a través de una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, la morenista busca que haya castigos severos para el nepotismo.
La legisladora dijo, como si hubiera descubierto el tomatillo verde, que se ha hecho ya una práctica común que los funcionarios integren a la nómina oficial a sus parientes o a sus muy amigos, sólo por el hecho de serlo, sin realizar un análisis de sus capacidades.
Bien por la Diputada por tratar de tipificar el nepotismo como delito grave, ya que es una de los ejemplos más claros de corrupción.
Y ojalá por fin se acabe el “¡Ya la hicimos!” cuando un pariente se hace regidor, diputado, alcalde, gobernador y que terminen las familias en los cargos públicos, que finalmente huele a pura complicidad.
Y si de ‘ahorcados’ hablamos...
Ya lo había dicho Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, los recursos federales para Sinaloa se han desplomado y nada más no llegan para activar la obra pública en el Estado.
La paralización del Gobierno de la 4T en cuanto el envío de billetes para los estados está ahorcando a varios sectores.
Constructores sinaloenses han dicho que casi la mitad de los agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción está en agonía, luego que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no destraba los recursos para obra pública.
Héctor Alfonso Torres Galicia, el presidente de la CMIC de la zona centro, dijo que el recurso federal no ha llegado a los constructores en Sinaloa, lo cual tiene parada la obra pública.
La parálisis ocasiona un gran daño a las finanzas de los empresarios, la cual repercute a la ciudadanía indirectamente, dado que no se produce empleo.
