Rebeca Clouthier
El lunes el Congreso local eligió a dos nuevos comisionados del órgano de transparencia, tras un inédito proceso que despertó expectativas en algunos sectores sociales.
Esta fue la primera vez que se lanzó una convocatoria pública, abierta, para designar a los vigilantes del correcto uso de recursos públicos en Sinaloa.
Antes bastaba que el Gobernador mandara los nombres de los elegidos, para que diputados validaran en automático el "dedazo".
La reforma federal en acceso a la información pública, producto de presiones ciudadanas, obligatoria para los estados, vino a cambiar las reglas en cuanto a formulismos legales.
Así, en un Estado tan rezagado en su democracia como Sinaloa, la Legislatura no tuvo más remedio que "abrirse" y elegir comisionados por mayoría calificada.
La experiencia previa del Senado, que además incorporó un comité ciudadano para designar a comisionados del Inai, fue aceptada tras la demanda de organizaciones civiles.
Aún con estas "prácticas innovadoras", legisladores maniobraron para que nada se saliera de su control.
La Comisión Especial de Transparencia, encabezada por Sandra Lara, del PRI, buscó que la mayoría de integrantes del "comité ciudadano de acompañamiento", conformado por cinco personas, no desentonaran.
Lo más absurdo fue que la mayoría de integrantes de este comité tenían claros conflictos de intereses: dos eran servidores públicos y uno ex comisionado del órgano de transparencia, que en su momento validó reservas de información.
Aún con estas condiciones, 14 ciudadanos se registraron: nueve vinculados a instituciones públicas o partidos y tres con nexos con la academia u organismos de la sociedad civil.
Tras comparecencias de los aspirantes y argucias para ocultar información, como los conflictos de intereses de estos, PRI y PAN terminaron repartiéndose, uno a uno, los cargos en la CEAIP.
Exhibida la farsa, la académica Julissa Ruiz, una de las mejores cartas, definió el resultado con dos palabras: opacidad y simulación.
Para otra contendiente, Ana Lidia Murillo, con esta experiencia quedó claro que estos espacios están reservados sólo para personas afines a partidos o grupos de poder.
No cabe duda que el Congreso perdió otra oportunidad histórica de ciudadanizar la política y acrecentar la confianza en las instituciones. En este contexto, los sinaloenses son los que más pierden.
