Cómo resolver la violencia es seguramente una de las preguntas que más se hacen quienes están en el servicio público y es la pregunta que menos respuestas atinadas ha tenido.
En lo que va del sexenio, suman más de 185 mil asesinatos en el País y no ha habido hasta ahora una política pública efectiva que ponga freno a la barbarie.
Hay momentos en que algunas entidades les toca ser espectadoras de lo que ocurre en otras regiones y después, esos estados se vuelven epicentro de la violencia generada por la delincuencia organizada.
Y el Estado se ha convertido también en un espectador, en el que poco ha logrado hacer, de manera efectiva, para que esos niveles de violencia finalmente se reduzcan.
Esta semana a Sinaloa le ha tocado presenciar una jornada de hechos violentos que muestran cómo la inseguridad no se ha ido del todo, como se ha hecho creer.
Esto, porque las cifras de incidencia delictiva solo son un indicador y no una garantía de que hoy, el lugar que se habita, sea Sinaloa o México, es más seguro. Y como muestra, es la frecuencia con que en la entidad o en el resto del País se habla de personas asesinadas.
Qué se puede hacer para lograr revertir esa espiral de la que el País parece no poder salir es la pregunta más frecuentada, pues por un lado está la urgencia de contener y reducir la capacidad operativa de la delincuencia organizada y por el otro, el de que esas intervenciones no tengan un impacto negativo en la población.
Y en esas deliberaciones es que al País se le ha ido el tiempo y a los estados también, con entornos de más violencia y más homicidios sin tener políticas efectivas para su contención.
Una administración que apostó por la confrontación mínima está por concluir y la que viene en México no parece estar en condiciones de implementar una estrategia diferente.
Si México y Sinaloa continúan con esa complacencia ante los grupos delictivos, las condiciones de vida se irán deteriorando.
