Podría pensarse que una reforma al Poder Judicial es necesaria por todas las injusticias que México ha arrastrado a lo largo de los años. Y es válida la intención de querer hacer ajustes para garantizar a la población mexicana el derecho a la justicia.
Pero ninguna reforma será suficiente para garantizar esa justicia si no se atiende toda una estructura relacionada con la impunidad. En la estructura de la procuración de justicia, el Poder Judicial podría ser el último eslabón.
Porque primero, se necesita que la población víctima de un delito denuncie los hechos, después, que las autoridades encargadas de procurar justicia hagan su trabajo de manera eficiente y posteriormente, que los jueces apliquen la Ley como corresponde.
Sin embargo, en México, se estima que por cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 llegan a denunciarse ante las autoridades correspondientes, lo cual es un sinónimo de la desconfianza de la gente en el aparato judicial.
Además, de 100 casos que llegan a denunciarse, sólo 14 pueden llegar a resolverse, mientras que del resto, se quedan atrapados en el entramado burocrático.
La organización Impunidad Cero advierte que en México, de los delitos que llegan a cometerse, solo 0.9 por ciento alcanzan a resolverse.
Y todo tiene que ver con una estructura judicial que no termina con los órganos judiciales, sino con todas las instituciones que se involucran en la atención de la seguridad en el País y ahí es donde la desconfianza de la población prevalece.
¿Es entonces necesaria la reforma al Poder Judicial como un mecanismo para garantizar a toda la población el acceso a la justicia? Para algunos podría interpretarse como un sí, pero en realidad no es suficiente.
Y no lo será mientras las víctimas tengan que padecer no sólo sufrir un delito, sino enfrentar la burocracia que la acerque al sitio donde habrá de llegar su denuncia.
No será suficiente cambiar jueces, magistrados o ministros mientras las instituciones de procuración de justicia sigan incrementando las carpetas de investigación y resolviendo casos.
Y no bastará con la transformación del Poder Judicial de la Federación cuando en lo local, donde viven las víctimas, no haya cambios sustanciales.
