Editorial
Una de las definiciones básicas de la composición de un Estado es la capacidad de su gobierno para mantener bajo su control el monopolio de la violencia, nos explicamos.
La violencia se puede describir de muchas maneras y una de ellas es la violencia de las armas, que es positiva cuando la mantienen bajo control policías o militares, siempre bajo el respeto de las leyes.
El problema es cuando un grupo de civiles consigue, aunque sea parcialmente, la posibilidad de provocar violencia con sus propios recursos, llámense armas, dinero o poder.
La crisis de seguridad que estamos atestiguando en la sindicatura de Tepuche, Culiacán, donde ciudadanos se organizan para defenderse, mientras reclaman protección al Gobierno, es una crisis de Estado.
Ante la falta de seguridad, los ciudadanos deciden armarse y de alguna manera realizar los actos destinados al Estado, la salvaguarda de su integridad física y la protección de sus pertenencias.
De los dos caminos emprendidos por los ciudadanos de Tepuche, el único válido es del Estado que provea una guarnición militar para garantizar la paz en la región, lo otro, el armar ciudadanos nunca termina bien, recordemos los casos de autodefensas en Michoacán.
El otro caso, el más profundo y peligroso es el hecho de que los carteles de la delincuencia organizada estén provocando este pánico, armados hasta los dientes y ocupando los espacios que debería cubrir el Estado, los delincuentes han creado el otro Estado.
Y cuando dos estados se traslapan inevitablemente sobreviene un conflicto, con los resultados que hemos visto en los últimos años, miles de muertos, inseguridad, desastre económico, y la desintegración social de los mexicanos.
Las soluciones son complejas, pero al final la fórmula siempre debe de ser la misma: más Estado y menos delincuencia.
