De los servicios públicos, quizá el menos atendido es el que se relaciona con el transporte público. El servicio está concesionado a particulares bajo la supervisión de las autoridades.
Sin embargo, todo parece terminar para el Estado cuando entrega un permiso para que un vehículo ofrezca el traslado a los usuarios.
Y la responsabilidad debería de ir más allá, la de garantizar que el servicio cumpla con las funciones para las que ha sido creado.
Sí, es cierto que las condiciones económicas tienen un impacto en los rendimientos de quienes operan este servicio y obliga a revisar el monto de las tarifas que deberán aplicarse.
Tal vez es el combustible, o quizá las refacciones, o en su caso, la adquisición de nuevas unidades. Han aumentado de precio y eso no se ve compensado con las tarifas que se mantienen inamovibles durante un período de tiempo.
Y entonces inician los reclamos para que las autoridades les permitan un incremento en el costo para convertirse en un negocio rentable.
Sin embargo, está una contraparte que juega un papel importante en las condiciones del servicio de transporte público y son los usuarios, que también deberían ser atendidos.
Una parte importante son sus condiciones para soportar un incremento en las tarifas del transporte, que podría ser significativo para sus gastos.
Pero también deben ser considerados para evaluar las condiciones en que se están ofreciendo los servicios, desde cómo se encuentran las unidades hasta las rutas que se cubren y las frecuencias con las que se están ofreciendo.
El Gobierno de Sinaloa ha abierto la puerta para que se discuta una posible actualización, pero será importante que todas las partes sean tomadas en cuenta para que el transporte público se actualice no solo con una tarifa, si es que resulta necesario, sino también, con una mejor calidad en el servicio.
Omitir una parte sería mantener solo en una parte de los actores involucrados esta prestación que el Estado debe garantizar y ya es momento de que también se convierta en un protagonista.
