Editorial
En momentos en que la epidemia del Covid-19 requiere la máxima atención y en que problemas que se han vuelto habituales en México y en Sinaloa, como la violencia, se alejan del ojo público, hay otros asuntos que también deben requerir de la atención de todos.
Se trata de los desaparecidos en México. Un problema que no es reciente pero que aún se mantiene vigente. Y sí, pesa sobre ese problema el estigma del crimen organizado, pero no hay que olvidar que también sobre él prevalecen los crímenes de Estado.
Sinaloa no ha estado ajeno a este problema y ha sido parte de las desapariciones forzadas en México: desde los movimientos de izquierda hasta el fortalecimiento de los grupos del narcotráfico.
En la Comisión Nacional de Búsqueda, las cifras que se han acumulado de personas desaparecidas o no localizadas, alcanzan los 73 mil 201 registros desde el año 1964 hasta mediados de este año.
Y en ese período, en Sinaloa se encuentran registradas como desaparecidas o no localizadas 4 mil 851 personas. Un 87 por ciento corresponde a hombres y un 13 por ciento a mujeres.
Y de la misma manera en que ocurre con el fenómeno de la violencia, en los casos de desaparecidos, Culiacán es el que concentra la mayoría de los casos, aunque Mazatlán y Ahome también tienen una participación importante.
Y este fenómeno aún sigue presentándose y ahí están las cifras que lo siguen recordando.
El Estado hace bien en documentar lo que ha pasado con este fenómeno, para reconstruir con cifras la dimensión de este tipo de violencia que afecta a todo el País. En las familias, ya han hecho lo propio para no olvidarlos.
Sin embargo, el Estado no debe renunciar con este ejercicio a una tarea más importante: la de evitar, primero, que este tipo de delitos se sigan cometiendo y procurar, segundo, que haya una atención inmediata a las denuncias de las desapariciones y que se alcance la justicia para las víctimas. México, y Sinaloa, no deben olvidar a sus desaparecidos.
