Los últimos cuatro meses de 2024, Sinaloa ha estado inmerso en una crisis de seguridad pública a nivel estatal, propiciado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa, y a las cifras históricas de denuncias por desapariciones de personas y los homicidios, reportados a diario, habrá que sumarle las agresiones a periodistas y a activistas defensoras de derechos humano.
Según el último informe del Instituto de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, desde que inició la crisis de seguridad en el estado el pasado 9 de septiembre se han registrado 24 denuncias de agresiones al gremio o a los activistas.
Lo peor de esta información es la complementaria, pues el análisis arroja que los actores que violentan a activistas y periodistas son personas que presuntamente están relacionadas al crimen organizado, la misma sociedad civil, y funcionarios estatales y municipales.
El reporte, con corte hasta noviembre de 2024, suma 143 denuncias desde agosto del 2022 que inició operaciones el Instituto.
El mismo organismo señaló que durante la crisis, los 24 casos representan un 16.78 por ciento de todas las agresiones registradas.
El contexto exige que las autoridades pongan atención en estos casos, que ya de por sí ha dificultado aún más la labor periodística en nuestro estado.
