Han pasado tres semanas desde que inició la crisis de violencia en Sinaloa y lo que la sociedad demanda han sido respuestas ante la operación del crimen organizado que deja en zozobra a la población.
En momentos en que los hechos violentos son los que se han impuesto en la conversación pública, la respuesta del Estado mexicano ha ido detrás de lo que ha ocurrido y muchas veces, con dilación.
Y si bien lo básico es que informe a la población sobre lo que ocurre y sobre lo que se hace, ahí ha faltado mucho de las autoridades para alcanzar a entender lo que está ocurriendo.
Y junto a ello, está también la falta de respuesta ante organizaciones criminales que reta al Estado y operan con la impunidad como han estado acostumbrados a hacerlo.
Organizaciones de la sociedad civil reclaman a las autoridades acciones y no silencio ante la inseguridad que prevalece en Sinaloa y que ha tenido afectaciones en todos los sectores, desde la convivencia social hasta la operación de las empresas, desde la educación hasta el esparcimiento.
Y esa realidad no ha sido atendida por quienes deben dar una respuesta y han optado por el silencio, como si eso fuera a resolver la problemática de la entidad.
Tal vez la estrategia ha sido la de continuar con la no confrontación, como ha ocurrido con múltiples hechos de violencia que se han presentado en el País, pero una sociedad no está en condiciones de soportar, durante tres semanas, hechos delictivos en que se pone en riesgo a la mayoría.
Los enfrentamientos a balazos, los ataques armados, los asesinatos, el despojo de vehículos y las desapariciones son parte de la realidad que enfrenta la población a lo largo de Sinaloa y la inacción ha sido el sello de las autoridades.
La población sinaloense está a la espera de respuestas, de aquella que le restituya la paz y le regrese a la normalidad en la que puedan realizar sus actividades sin comprometer su seguridad.
Sinaloa, su gente, quiere un Estado vivo y no uno donde la soledad permee en la mayoría de sus calles. Es momento de dar respuestas.