Aunque de parte del Estado mexicano se han hecho esfuerzos para prevenir las consecuencias del consumo de estupefacientes, es un hecho que aún no han tenido los resultados deseados, sobre todo por los incidentes en hogares que se hacen más frecuentes.
Es verdad que por años ha quedado demostrado que el castigo por el consumo de ciertas drogas no ha tenido un resultado esperado y la orientación ha sido otros de los caminos tomados para crear conciencia sobre el daño que causa al cuerpo y a la sociedad.
Pero ni una cosa ni la otra han llevado a estar en mejores condiciones sociales, sobre todo cuando ha quedado de manifiesto los riesgos en las familias por el consumo de estas sustancias.
El caso más reciente de esas consecuencias es la hospitalización de una menor de edad, de 13 años, que fue internada después de intoxicarse al beber refresco en un vaso que estaba contaminado con metanfetamina.
Pero se han registrado casos en Culiacán donde menores han perdido la vida por el consumo accidental de drogas que estaban bajo resguardo en los hogares.
Ante estas condiciones, lo que se requiere son acciones más enfocadas a dar atención a ese segmento de la población con problemas de adicciones que ponen en riesgo a quienes están en su entorno.
Y ya no hablamos solo de las consecuencias sociales, cuando el consumidor asume conductas violentas y delictivas en perjuicio de su entorno social. También, pone en riesgo a quienes comparten el mismo hogar.
Por esa razón, una campaña lanzada al aire, sin un objetivo y segmento de la población precisos tendrá los resultados que se buscan desde los gobiernos.
Las autoridades conocen donde se tienen los índices más altos de adicciones y conocen también las necesidades de sus entornos. Dar una atención focalizada podría tener mejores resultados que mensajes que no llegan a nadie.
Porque mientras sigan las acciones como hasta hoy, continuarán sin dar resultados y con menores puestos en riesgo, como han demostrado hechos recientes. Y no conviene a nadie.
