Editorial
El caso de las colegiaturas de las escuelas privadas que muchos padres de familia no quieren pagar es una de las mil y una aberraciones que ha provocado la emergencia sanitaria originada por el Covid-19.
La premisa puede parecer básica: los padres de familia se niegan a pagar por un servicio que no se les está entregando a sus hijos.
Sin embargo, las escuelas privadas no están realizando el servicio simplemente porque la crisis sanitaria no se los permite.
Además, las escuelas privadas realizan, de algún modo, el servicio, ya que su personal da las clases a través de las redes sociales, lo que de alguna manera puede verse como una forma de realizar el servicio contratado.
Si volteamos la tortilla para ver el problema desde el otro lado, las escuelas privadas continúan pagándole a su personal y están en la mejor disposición para regresar a operar de manera normal en cuanto las autoridades se los permitan.
Sin embargo, hay padres de familia que siguen en sus trece y se niegan a pagar el par de meses que faltan para que termine el curso.
Al final, la Procuraduría Federal del Consumidor ha entrado en el conflicto y ha recomendado a los padres de familia pagar las cuotas de las escuelas.
Y la dependencia lo ha hecho con un argumento incontestable: si queremos que las escuelas privadas continúen ahí cuando los estudiantes regresen a las aulas es necesario pagar las colegiaturas, de lo contrario numerosas empresas de este giro quebrarán.
La respuesta de la Profeco tiene mucho sentido y aunque es compleja y de alguna manera rebatible, muchas soluciones son así, debido a la pandemia.
En un mundo donde no podemos tener todo lo que queremos, de manera temporal, por lo menos hay que asegurarnos de que exista eso que queremos, cuando regresemos a la normalidad.
