La privación ilegal de la libertad es un delito que explota e impacta hacia muchas personas, donde la víctima no es sólo la persona que es plagiada, sino su gente cercana.
Una desaparición es una agonía eterna para los familiares. Es un impacto imborrable en los niños involucrados, que siempre hay, como parte de la familia y que ven cómo su mamá, su papá, su hermana o su hermano destinan su vida entera a la búsqueda del ser querido.
Es no sólo la pérdida, la desesperación de la búsqueda, sino incluso padecer el estigma.
Porque efectivamente, muchos de los privados de la libertad puede ser que hayan cometido actos ilegales, puede ser que sean adictos, puede ser que no sean un ejemplo a seguir... pero eso no significa que por eso merecen ser desaparecidos. Ni mucho menos que todos los que son víctimas de este delito cumplan con esas características.
Y es que si alguien comete un acto ilegal, si es delincuente, entonces debe estar en la cárcel y que funcione sobre él el aparato de justicia. Lo mismo con los que asesinan.
Pero no es pretexto el hecho de que sean delicuentes algunos de los desaparecidos o los asesinados para que las autoridades traten de minimizarlo o incluso de no hacer nada.
Puede no gustarle a las autoridades que se les echen en cara las cifras, pero más de 600 personas asesinadas y más de 750 desapariciones, del 25 de julio, que inició la actual disputa, a estos primeros días de diciembre, no son una cuestión menor.
Este año, el 2024, ya se convirtió en el peor de la historia para Sinaloa en número de privaciones de la libertad, pues ascienden a mil 434 casos ya, y lo peor es 60 por ciento de dichas personas continúan desaparecidas.
Así el tamaño de la privación de la libertad de personas, la principal violencia que la actual disputa dentro del Cártel de Sinaloa nos está dejando.
