En la política sinaloense, en los años recientes se ha visto cómo alcaldes han sido enjuiciados por irregularidades cometidas durante el uso de recursos públicos.
En algunos casos, han sido enjuiciados por irregularidades en contratos otorgados o en compras que no han seguido los procedimientos que se establecen en las leyes.
Porque sí, las leyes y reglamentos sobre los procesos de compras y contratos están diseñados para seguirse, con diferentes escenarios que podrán asumirse dependiendo de la situación.
Y hay gobiernos que aunque no han llegado a juicio, sí han tenido que reparar daños porque todos esos procedimientos los han hecho mal, porque eligen no seguir las reglas y actuar a su propia conveniencia.
Más allá del uso político que se le pueda dar, o se le ha dado a esas irregularidades, están los lineamientos que establecen las reglas y a los que todos deben ceñirse.
El manejo de los recursos públicos cuenta con controles que todos deberían seguir, pero que en la práctica buscan los tecnicismos para tener beneficiarios directos en la asignación de esos presupuestos.
Por ejemplo, están los comités de compras que avalan los contratos que otorga el Gobierno Municipal y que pocas veces cuenta con voces críticas a los procedimientos que se siguen.
También están, en el ámbito municipal y en otras dependencias públicas, los órganos internos de control, cuya función es prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción y vigilar que las actuaciones de los servidores públicos se apegue a la legalidad.
Y además, está la Sindicatura de Procuración, que es el área del Ayuntamiento que se encarga de vigilar la correcta aplicación de normas y leyes y de la gestión de los recursos públicos.
Pese a todo, sobre todo de las normas que rigen la manera en que se destinan los recursos públicos y cómo se asignan contratos para obras y servicios, al menos en Sinaloa siguen siendo sancionados esos actos que evaden los mecanismos de control vigentes. Y ante eso, algo debería cambiarse.
