La deuda con los desaparecidos

    Según el reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta este martes 9 de julio en México había 115 mil 655 personas desaparecidas y no localizadas.

    Si poco se ha hecho en México para resolver una crisis ha sido el de las desapariciones. Cada año la cifra de víctimas de este delito se incrementa y los resultados alcanzados por parte del Estado mexicano han sido mínimos.

    Donde ha habido avances ha sido desde la sociedad civil, que ha sido capaz de organizarse y articularse para intentar encontrar a sus familiares, aún ante el desamparo de las autoridades y las amenazas de la delincuencia organizada.

    Según el reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta este martes 9 de julio en México había 115 mil 655 personas desaparecidas y no localizadas.

    En lo que corresponde a Sinaloa, son 5 mil 604 las personas que se encuentran en esa condición.

    Sin embargo, a pesar de la magnitud de la crisis de desapariciones en el País, y la entidad, lo que se avanza ha sido poco con relación a la demanda de respuesta de parte de los deudos.

    Y si a eso se le suma la falta de mecanismos efectivos que ayuden a la localización de quienes están en condición de desaparecidos, la crisis parece insalvable.

    En Culiacán, Alberto de Jesús desapareció en mayo de 2020 y la familia interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía estatal. Se solicitó que se investigara en la base de datos del Servicio Médico Forense y no había información de ese caso.

    Tras cuatro años en que la familia se mantuvo en la búsqueda, ha sido hasta este 7 de julio, después de que las autoridades descubrieran que el cuerpo que ingresó al Semefo en octubre de 2020 como no desconocido, se trataba de Alberto de Jesús.

    De ese nivel, lamentablemente, se encuentra la atención a la crisis de las desapariciones en México y en Sinaloa y mientras no se avance en ello de parte de las instituciones y mientras el peso de la búsqueda y localización siga recayendo en las organizaciones civiles, el problema prevalecerá.

    Lo ocurrido con este caso, revelado apenas este martes, debería ser un punto de inflexión en la política pública de atención a las desapariciones y mostrar voluntad esta vez, de que las cosas pueden hacerse de manera diferente.

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