Uno de los problemas que presenta la inseguridad en México, del que Sinaloa no está exento, es la falta de justicia ante los delitos que se presentan.
El rezago en los procesos penales y en las sanciones para quienes cometen algún tipo de delito, además de la reparación del año, no ha podido salvarse pese a las estrategias de seguridad que se implementan en el País.
Porque sí, por más elementos de seguridad de las diferentes corporaciones que se distribuyan a lo largo y ancho de México, si los delitos que se cometan, sean de alto impacto o de incidencia común, no tienen el castigo necesario, de nada va a servir un incremento en la vigilancia.
Porque sí, importa que haya un despliegue que contribuya a inhibir la comisión de delitos, pero junto a ello se necesita un aparato de justicia que se encargue de investigar de manera eficiente y sancionar a quienes delincan.
Y sin embargo, pese al despliegue, hay delitos que se siguen presentando y no hay vigilancia suficiente que ayude a disminuirlos, como el robo de vehículos, por ejemplo, en Sinaloa.
Según las cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante 2024 se registraron 3 mil 985 denuncias por robo de vehículo en la entidad, pero de esos casos, solo 15 terminaron con una sentencia de parte del Poder Judicial.
El que menos del 1 por ciento de los casos haya sido sancionado significa el nivel de justicia que se alcanza en solo uno de los delitos que más afecta el patrimonio de las personas, en lo que corresponde a Sinaloa.
Y eso juega en contra de lo que una estrategia de seguridad necesita para que sea funcional: que haya confianza de la población para respaldar las medidas que se pretenden implementar.
Pero mientras el sistema de justicia con el que se dispone actualmente no sea suficiente para atender los agravios a los que son sometidos la población, difícilmente podrán contar con la confianza para que las acciones sean realmente efectivas.
