Son casi unos niños, de los 13 a los 15 años, de dos domicilios diferentes pero que desaparecieron el mismo día. Debería ser un caso que ocupe a todos y que sin embargo, las alertas que se emitieron por la desaparición de cuatro adolescentes no hayan generado mayores reacciones.
Ocurrió en Culiacán, el 14 de junio y parece ser que ocurre igual que otros tipos de delitos que se cometen en Sinaloa y que a pesar de la gravedad, se actúa poco para esclarecerlos y castigar a los responsables.
Esa es una de las realidades que se viven en Sinaloa en relación a la violencia. De tantos que se cometen, llegan a normalizarse y a dejar de tener el impacto suficiente para que la sociedad reaccione y reclame más espacios seguros.
Qué bueno que Sinaloa tenga menos delitos que en años anteriores. Qué bueno que Sinaloa ya no esté entre los estados donde la incidencia delictiva es de las más altas del País. Qué bueno que Sinaloa ya no sea referencia sobre la violencia en México. Pero no es suficiente.
Y no lo es porque hay familias que hoy buscan a sus hijos adolescentes. Porque todavía sigue habiendo víctimas de una violencia generada por el crimen organizado. Y todavía siguen registrándose delitos de alto impacto que hasta se perciben como normales en un estado que no ha dejado de ser inseguro y violento.
¿Algo ha cambiado con el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, que está en la recta final de su mandato? Al menos las cifras cuentan otra historia y son de las más bajas que se han tenido en los últimos años, después de un ciclo en que la violencia era referencia nacional.
Pero no ha sido suficiente y se requiere generar espacios seguros para todos. Para los que no tienen oportunidades y deciden entrar a la delincuencia organizada, para quienes sí las tienen y quieren desarrollarse en un ambiente de seguridad, para los que han sido víctimas y los que no, que demandan de un Sinaloa seguro.
Ese es el reto para la siguiente administración, un Sinaloa seguro, donde todos quepan y donde todos puedan vivir en paz.
