Si algo reclama la gente en una sociedad como la de México y la de Sinaloa, es que al menos las autoridades cumplan con la promesa de tener entornos seguros, donde impere el orden y se haga valer la Ley.
Y ese reclamo se prolonga porque las autoridades hasta ahora, en diferentes puntos y en diferentes momentos, no han sido capaces de garantizar ese derecho básico.
Y esa deuda no sólo está relacionada con los hechos violentos en los que se ven involucrados armamento de alto poder, que de por sí ya es una situación bastante grave.
Se pueden exponer hechos considerados tal vez menores, como los que se registran en Sinaloa con la destrucción de cámaras de vigilancia ocurridos a finales de 2023 y principios de 2024 en Culiacán.
O más recientemente, los llamados “ponchallantas”, unos artefactos metálicos con puntas filosas que se arrojan en vialidades importantes también en la capital de Sinaloa, los cuales son colocados por integrantes de la delincuencia organizada en detrimento principalmente de la población.
Son actos, como se expone, tal vez menores comparado con los enfrentamientos armados que de manera continua se registran en diferentes partes del País.
Pero es también el reflejo del nivel de impunidad y de la falta de capacidad de las autoridades para evitarlos y sobre todo, para detener y sancionar a los responsables.
Poniendo en perspectiva la cantidad de hechos en los que se han arrojado esos artefactos, el número de personas detenidas han sido casi nulos y por esa razón es que se siguen realizando.
Y sí, las autoridades parecen estar pasmadas ante hechos delictivos que se han vuelto tan comunes en Sinaloa pero no por ello dejan de ser preocupantes y tan lesivos para la seguridad de la población.
Hoy es urgente que quienes gobiernan y quienes son responsables de la seguridad, en México y en Sinaloa, asuman el compromiso para que esos hechos delictivos dejen de ser comunes y se conviertan en una excepción en la que siempre habrá un castigo.
