O algo no está bien en las leyes o algo no se está haciendo bien en el Gobierno con los millones de pesos que tienen que pagar por las demandas que se han perdido en juicios de parte de civiles.
Y esta situación ocurre lo mismo en Sinaloa que en el resto del País: las administraciones, sobre todo locales, no han sido capaces de interpretar el marco legal y los reclamos se trasladan a los jueces quienes terminan fallando a favor de los demandantes.
En Mazatlán, por ejemplo, se trasladan millones de pesos a deudas generadas por pleitos legales de particulares que se han visto afectados en su patrimonio por decisiones de las administraciones municipales anteriores.
Se han expropiado terrenos particulares para la realización de obras, que si bien es cierto son de interés general, no están debidamente amparados y asuntos que aparentemente han sido resueltos, llegan a instancias judiciales y terminan ordenando al Gobierno pagos millonarios por indemnización.
Lo mismo ha pasado con el Gobierno de Escuinapa, por ejemplo, en el que al término de las administraciones ha enfrentado demandas y juicios perdidos por despidos injustificados de funcionarios que terminaron su período.
Y aunque la lógica, para muchos, es que si un gobierno también termina la relación laboral con quien desempeñó un cargo público, frente a las autoridades judiciales el término de una relación laboral se considera injustificado y ahí está la administración arrastrando deudas de millones de pesos que deben saldar porque de lo contrario, esos recursos pendientes de pagar se multiplican.
Y todo esto tiene consecuencias: lo que pudiera estar mal en las leyes o la mala interpretación del marco legal que rige a las administraciones locales está haciendo que millones de pesos destinados a resolver problemas de la comunidad, se estén canalizando a resolver asuntos de particulares.
Son problemas que se vienen acumulando en los años recientes y ya es hora de dotar a los gobiernos una seguridad legal para que no tengan que perder cuando la razón les asiste.
