Cuando la vigilancia y control de la seguridad en una sociedad es prácticamente militar en su totalidad, una de las principales preocupaciones son siempre las violaciones a los derechos humanos.
Precisamente este punto es de resaltar en el contexto actual que vivimos en Sinaloa y en el País en general.
Por un lado está la crisis de violencia e inseguridad que atravesamos en esta y otras entidades de la República, con el consabido aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas, que prácticamente han asumido el control absoluto de vigilancia y contención contra los grupos criminales.
Y ciertamente nos da cierta tranquilidad ver militares por doquier en nuestro día a día en las calles, pero una presencia que al mismo tiempo inquieta, pues habla de cómo está la situación de nuestra seguridad.
Pero eso no es todo, sino que está siempre la preocupación que expertos y organizaciones internacionales han manifestado constantemente: los derechos humanos.
Apenas el mes pasado, a raíz de la reforma constitucional que pasó a la Sedena el control de la Guardia Nacional, hubo desacuerdos y cuestionamientos de especialistas.
De hecho, expertos y expertas de la ONU manifestaron su preocupación porque consideran que trasladar la Guardia Nacional de México bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional pudiera aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Preocupación que se ha manifestado desde años atrás, al advertir que México ha incrementado progresivamente el papel de las Fuerzas Armadas en su modelo de seguridad interior.
Un video grabado en Culiacán hace días de la detención de un civil, donde se escucha decir a los militares: “¡mátalo, mátalo!”, debe encender todas las alarmas.
De nada nos sirve el reforzamiento de la presencia militar con el objetivo de preservar nuestra seguridad si el precio es tan alto como ese.
