Tener la libertad de ejercer el voto y hacerlo con total seguridad debe ser una garantía para todos los ciudadanos y el Estado está obligado a asegurarse de que así ocurra.
A nivel nacional y a nivel local, se necesitan de estrategias para la jornada electoral que se vivirá el próximo 2 de junio, en la que habrá múltiples elecciones, desde la Presidencia de México hasta las alcaldías.
Y esas estrategias corresponden principalmente a que el proceso transcurra en paz y que no haya incidentes que hagan sombras a la voluntad popular.
Por ello, las autoridades están obligadas a diseñar estrategias que garanticen un ejercicio democrático en paz.
Desde luego, no es necesario que den a conocer a detalle todas las actividades que van a realizar, pero sí al menos un esbozo de que ya se tiene algo.
Por ahora, se desconoce si ya existe una estrategia especial para esa jornada electoral, pero el silencio empieza a generar presiones en diferentes actores políticos.
Y el silencio sin duda viene a contribuir a generar momentos de incertidumbre y de especulaciones en torno a lo que ocurrirá en una entidad como la de Sinaloa.
Si a nivel nacional de por sí ya se ha generado un ambiente sombrío por el asesinato de candidatos y candidatas en diferentes regiones, el no saber si se tendrá vigilancia especial contribuye a que las especulaciones se incrementen.
Los actores políticos han hecho lo suyo para conseguir los votos de los electores y corresponde a las autoridades encargadas de gobernar dar las condiciones suficientes para que el sufragio se emita en libertad y en ambientes seguros.
El civismo y el compromiso, entonces, del electorado, en este caso de Sinaloa, no debería ensombrecerse por condiciones de inseguridad en caso de que el Gobierno no disponga de una seguridad especial.
Faltan menos de dos semanas para esa jornada cívica en la que ciudadanas y ciudadanos elegirán a sus representantes. El Gobierno de Sinaloa está obligado a garantizar que se haga en espacios seguros y libres.
