Editorial
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado su plan para el regreso a lo que llamó la “nueva normalidad”, una compleja y a la vez vaga estrategia que pretende regular con un semáforo de cuatro colores.
Del verde al amarillo, luego al naranja y finalmente al rojo, cada municipio será pintado con un color y este color es el que decidirá si esa región puede regresar a sus actividades productivas.
Sin embargo, más allá de los colores y de la estrategia que contempla la existencia de los “municipios de la esperanza”, aquellos que no tienen casos registrados, al final el Gobierno federal ha entregado a los gobernadores de cada entidad la responsabilidad de implementar las políticas del regreso a la nueva normalidad a su antojo.
Esto significa que a final de cuentas cada estado se seguirá rascando con sus propias uñas para salir adelante en la pandemia provocada por el Covid-19, algo que ha venido sucediendo desde que comenzó la emergencia sanitaria.
La desventaja en este tipo de decisiones es que cada estado podría tomar decisiones que no necesariamente beneficien a sus ciudadanos o a sus vecinos, decisiones que podrían alimentar el riesgo de un brote del virus.
Sin embargo, la medida también tiene una gran ventaja, la que permitirá que sean los gobiernos estatales los que decidan dónde y cómo implementar las medidas sanitarias en cada región.
Por ejemplo, visto desde la Ciudad de México, Sinaloa aparece completamente pintada de rojo, cuando cada región presenta una problemática diferente y solo los sinaloenses podríamos a acertar a tomar decisiones para cada zona.
Dejar la toma de decisiones en manos de un funcionario capitalino nos hubiera puesto en desventaja, ahora toca al Gobierno estatal tomar buenas decisiones y a la ciudadanía acatar estas indicaciones.
