Cuando se habla del robo de combustible en México, lo primero que se piensa es que solo ocurre en el centro y sur del País, donde se ha identificado a la delincuencia organizada como la responsable de llevarlo a cabo.
Sin embargo, otras partes del País se han convertido también en escenario del robo en los ductos de Petróleos Mexicanos, como ha ocurrido en Sinaloa.
Este fin de semana, se reportó un fuerte olor a combustible en la zona del puente Juárez, sobre la Avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán.
La intervención de las autoridades dio con la detección de al menos 10 tomas clandestinas de combustible en una distancia relativamente reducida.
Y previamente, al norte de Sinaloa, también se reportó que un poliducto estaba siendo robado de la red de distribución de Pemex. Y por tratarse de equipo especial, requería de equipo y personal especializado para su retiro y aún así, lograron llevarse 18 kilómetros de esa infraestructura.
Si bien, el robo de combustible es un delito grave al perjudicar a una empresa estatal encargada de la distribución del combustible, lo más grave son sus consecuencias.
Ya se ha dado cuenta de que cuando hay un mal manejo de la extracción del combustible se pone en riesgo la vida de las familias que viven alrededor y ese riesgo puede reproducirse en Sinaloa.
Esa propiedad de la Nación requiere de una vigilancia y protección adecuada para evitar que los grupos delictivos se salgan con la suya y se enriquezcan a costa de mermar a la empresa paraestatal de sus ingresos.
Pero sobre todo, por encima de todo, urge mejores mecanismos de vigilancia para detectar cuándo el combustible es extraído de manera ilegal y cómo evitar que un mal manejo pueda acabar con la vida de los demás, principalmente, de la gente inocente.
El combustible, todo parece indicar, se ha vuelto objetivo de los grupos delictivos. Y así como en otras tareas de seguridad, urge que se diseñen los operativos adecuados para evitar, sobre todo, tragedias innecesarias.
