Los números de denuncias por delitos relacionados con el narcomenudeo, que mantienen a Sinaloa como el tercer estado del País en el ranking nacional, son datos que pueden hacer levantar la ceja a cualquiera que viva en Sinaloa.
Pero este dato, que sirvió para que el Gobernador Rubén Rocha Moya ondeara una falsa bandera blanca por este tema, como si estuviera controlado o casi erradicado, no es una consecuencia de la eficaz y eficiente estrategia de seguridad pública en las calles de nuestro estado, ni de los servicios de inteligencia, sino una de esas cosas raras que pasan y que uno no puede hacer más que sospechar.
En Sinaloa, los números de denuncias por narcomenudeo comenzaron a sumarse desde 2012 en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, porque aunque antes ya existían equipos estatales encargándose de estos temas en las calles, la jurisdicción era federal.
Ya el antecedente de 2009, con la despenalización de posesión y algunos gramos de drogas para uso personal, parecía significar un golpe para los agentes que buscan en las calles a los sujetos nerviosos que se delatan cuando llevan algo consigo.
Esto y la apertura de transparencia de la PGJE de Sinaloa, permitió que por varios años, el Consejo Estatal de Seguridad Pública comenzara con sus archivos y análisis de estas estadísticas.
Según los registros del CESP, que tienen números mensuales desde 2012, el año con más detenciones o acciones relacionadas con narcomenudeo en los primeros ocho meses, fue 2014 con 943 denuncias, seguido por las 867 de 2013 y las 692 de 2015.
En 2016 se registraron apenas 254, pero los números volvieron a repuntar con casi 600 en 2017 y 2018.
En noviembre de 2018, se llevó al Congreso de la Unión una nueva iniciativa para despenalizar completamente y regular el uso personal, industrial, médico y científico de la mariguana y el 16 de febrero de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del uso recreativo de la planta, con lo que de nuevo cambió el escenario.
Según los propios números del CESP, de enero a agosto de 2020, los números bajaron hasta los 203, números que no representan ni la mitad de los primeros registros de mitad de la década.
Lo del espejismo lo respaldamos con información del mismo CESP que obtuvo de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: los ciudadanos en Sinaloa perciben la venta de drogas como un problema preocupante, pero no lo denuncian.
La encuesta señala que en el 2021 el 63 por ciento de los ciudadanos le preocupa mucho la venta de drogas, pero sólo se denunciaron 142 casos.
Estos números también contrastan con el registro de atenciones médicas por el uso de diferentes sustancias, que fue de 255 pacientes intoxicados.
Esto significa que hubo 79.5 por ciento más personas atendidas por consumo de drogas que las denuncias por la venta de droga.
Ojalá que desde los organismos civiles se siga haciendo algo, impulsando medidas y hasta políticas públicas, porque lejos de que el Gobernador piense o quiera que se eleven las prioridades para investigar estas denuncias, parece más interesado en entregar números alegres en su informe.
