Una de las principales disyuntivas en la administración pública ha sido la del impulso del desarrollo a costa del cuidado de los recursos naturales.
El discurso político habla de la necesidad de construir nuevos proyectos que tengan una significación de avance en la sociedad que gobiernan.
Pero esa necesidad se ha impuesto sobre los recursos naturales, con una valoración mínima de las consecuencias que tienen sobre el futuro de las regiones.
Y la política pública no solo está orientada hacia las obras de carácter público, pues en ello incide también la inversión privada.
El Gobierno de México, por ejemplo, decidió impulsar el proyecto del Tren Maya para generar un mejor desarrollo en una de las zonas más marginadas del País, la del sureste mexicano.
Pero su ejecución ha estado acompañada de cuestionamientos de partes de organizaciones ambientales que han ido documentando el daño que ha tenido sobre zonas naturales, algunas de importancia global.
También, de mano del Gobierno, se impulsa una nueva red ferroviaria en Sonora con una ruta diseñada que atraviesa por una área natural protegida donde se encuentra el río Cocóspera, uno de los más limpios de la entidad.
Y junto con esos proyectos públicos, hay inversiones privadas que también han tenido impacto sobre zonas naturales que son vitales para la conservación de los recursos naturales.
Lo ocurrido en Guerrero con el huracán Otis, por ejemplo, debe servir como una llamada de alerta sobre cómo la modificación de los espacios naturales tiene consecuencias.
El desarrollo humano se ha impuesto sobre los recursos naturales, pero no hay que olvidar que eso tiene consecuencias y evitarlas deberá ser una prioridad en las políticas públicas, antes de que se presenten fenómenos naturales con consecuencias qué lamentar. Las señales ahí están y la responsabilidad debe ser de todos.
