La única manera de que el Gobierno no pierda en el campo de la comunicación, es que la información que entregue a la población sea de manera oportuna y clara.
Si las autoridades pierden tiempo, lo dudan e intentan reaccionar, ya habrá otros actores que ocupen sus espacios, con una narrativa propia y una historia tal vez opuesta a la que las autoridades puedan contar.
Ocurre mucho con el tema de la seguridad y siempre el Estado mexicano tiene los recursos documentales para dejar claro qué es lo que ha pasado, pero decide no utilizarlos hasta que otras versiones se difunden y cuando decide reaccionar, la historia resulta difícil de cambiar.
Pero la información a veces se toma como un recurso propio y lejos de brindar una certeza a la población, termina generando más dudas y hasta temores de lo que ocurre en un entorno violento.
¿Qué tanto no se ha dicho y escrito, por ejemplo, de la jornada de violencia de octubre de 2019, cuando se estuvo a punto de detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que tuvo que ser liberado tras los hechos que se vivían en Culiacán?
Una parte de la historia es la que se conoce y la que la gente cuenta cuando se refiere a ese “Jueves Negro” y que no se ha podido complementar porque el Gobierno la ha clasificado argumentando asuntos de seguridad o señala que no cuenta con ella.
Esa reserva de información lejos de generar certeza y confianza en la población, como debería hacerlo el Gobierno, lo único que genera es desconfianza y temor, porque hasta ahora, poco se sabe de lo que el Estado es capaz de hacer.
En los temas de inseguridad y violencia, la población tiene derecho a estar informada y la autoridad a otorgar esa información. La opacidad y el afán de ocultar datos termina por ocasionar más desconfianza de la que se tiene en cuestiones de seguridad. Y tarde o temprano, la verdad termina por conocerse.
