Con el caso del desafuero y actual proceso contra el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se ha abierto una puerta que, esperemos, no pueda ni deba ser cerrada, porque se trata de algo que se debería hacer siempre, cuidar las acciones de quienes administran los ayuntamientos, su manera de gobernar y sobre todo el uso de recursos.
Aunque el proceso que actualmente enfrenta Estrada Ferreiro (al menos ya tiene un litigio en la Fiscalía General del Estado, y le espera un posible juicio político por parte del Congreso del Estado, no estuvo exento del característico tufo político de nuestro sistema, es una oportunidad única para que el ex funcionario defienda su labor al frente de la Presidencia Municipal de Culiacán.
Y decimos que se ha abierto una puerta porque la Fiscal Anticorrupción en Sinaloa, Nereyda Avilés Aceves, informó la semana pasada que ha puesto lupa mediante una investigación a los ayuntamientos de Mazatlán, Escuinapa, Navolato, Culiacán y Ahome, ante las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la cuenta pública de 2019.
Ante eso, en una declaración por demás explosiva, en Escuinapa, el Gobernador Rubén Rocha Moya pidió castigo para los ex funcionarios que hayan incurrido en malos manejos de los recursos públicos. “Y si hay que meterlos a la cárcel, hay que meterlos”, advirtió e incluso hizo la aclaración que aunque sean de su partido Morena.
Voces en contra de la forma de conducirse y la administración de recursos del Alcalde de Mazatlán, han aprovechado y alzado la voz para que le armen proceso, lo cual al parecer no estaría tan lejos si la ASE detecta irregularidades tanto en la compra de más de 2 mil luminarias, con un costo al erario de más de 400 millones de pesos a una empresa que el mismo Gobernador Rubén Rocha Moya ha vetado ya de su administración y que incluso la tiene demandada, así como en toda la administración de “El Químico”.
El Gobierno del Estado no será “palero” de nadie, dice el Mandatario estatal, esperemos que de verdad el rigor se aplique a todo ex funcionario y funcionario que haya o esté obrando en perjuicio de los sinaloenses, y el caso Estrada Ferreiro no sólo quede en un caso político.
