Para todos es sabido que para lograr que un país como México pueda alcanzar la paz, deben atenderse todos los factores que contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad que se tienen en cada una de las regiones.
Sí, se necesitan cuerpos de seguridad eficientes, profesionales y con honestidad garantizada, pero también condiciones sociales suficientes para que todos tengan la posibilidad de ir mejorando su calidad de vida.
Pero por sí solos no son suficientes si se deja de lado un eslabón fundamental para que todos los elementos cumplan con su propósito: el de una impartición de justicia efectiva.
Y sí, para ello se requiere de instituciones de procuración de justicia capaces de formular acusaciones fundamentadas que lleguen a un juez para que este resuelva de una forma expedita.
Pero ¿qué ha pasado? Que las cárceles en México han estado pobladas con internos que están pagando ya una condena y con presos que aún no han sido sentenciados. La justicia, pues no está cumpliendo con su parte.
Porque un sistema carcelario de esa naturaleza, que incluso afecta más a mujeres que a hombres, no contribuye a que quede claro de qué manera y cómo se imparte justicia en México y por lo tanto, que sea justa para quienes están implicados.
Y todo esto deriva además de que las conductas que el Estado mexicano busca inhibir con operativos policíacos, y militares, en las calles, sean trasladados a los centros penitenciarios del País.
Se ha hablado mucho de estrategias de seguridad, muchas visiones, muchos proyectos, muchas estrategias, pero hasta ahora, poca atención se ha dado a lo que está ocurriendo en los penales del País, lugares a donde la justicia se tarda en llegar.
A todos les urge un País seguro, al mismo Gobierno y a la misma Oposición, a los políticos profesionales y a los que aspiran a estar en ellas, a los empresarios del País y a los trabajadores, a los ciudadanos, a la población. Pero ningún camino llevará a ese propósito si los esfuerzos siguen quedando a medias.
