En Sinaloa los periodistas y activistas han tenido que enfrentar agresiones provenientes de personas con posibles vínculos con el crimen organizado y por parte de funcionarios públicos.
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El contenido del informe anual del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, además de revelador, nos deja una sensación de desesperanza.
La frialdad de los números va de la mano con lo que esta vez anuncian, que en Sinaloa los periodistas y activistas han tenido que enfrentar agresiones provenientes de personas con posibles vínculos con el crimen organizado y por parte de funcionarios públicos.
El informe, recién presentado, señala que desde agosto de 2023 a julio de 2024, se registraron un total de 87 casos de agresiones, de los que 38 corresponden a personas con posibles vínculos con actividades criminales, 11 de servidores públicos estatales, tres servidores municipales y un servidor público armado.
El resto de los involucrados son personas sin vínculos criminales, en 27 casos.
La alerta es porque se supone que son los servidores públicos los que deben estar capacitados en todo lo que involucre derechos humanos, una actividad que comúnmente se realiza en cualquier dependencia de cualquier índole, no sólo de fuerzas del orden.
Por los otros casos, pues entendemos que tiene que ver con décadas enteras en las que el crimen organizado ha crecido y contaminado la sociedad sinaloense, por lo que es muy probable que la labor periodística o de activismo pueda en algún momento dañar intereses de personas que tengan estos vínculos.
Por lo tanto, tampoco descartaríamos que haya agresiones o amenazas en otros gremios.
