Si de algo adolecen la mayoría de las administraciones municipales en Sinaloa es de su principal responsabilidad: saber administrar. Muchos de ellos se han acostumbrado a crecer, pero en responsabilidades más que en recursos para solventarlas.
Los gobiernos municipales han adquirido más compromisos, sobre todo en lo relacionado con las plantillas laborales, sin adquirir las habilidades para incrementar sus fuentes de ingresos.
A diferencia de los municipios con un mayor desarrollo urbano, el resto de los municipios cuentan con una estructura administrativa incapaz de generar suficientes ingresos a partir de lo que la Ley les mandata.
No se cobra bien el Impuesto Predial, uno de sus principales ingresos propios, y no se cobra bien tampoco el servicio de agua potable, uno de los servicios más importantes que debe ofrecer a la población y no lo está haciendo.
Y para poder cumplir con las responsabilidades, además de gastar más de lo que obtiene, los gobiernos municipales en Sinaloa terminan generando una deuda mayor para solventar sus compromisos y la bola de nieve de las deudas se incrementa en detrimento de una población que no ve beneficios en la forma en cómo gasta sus gobiernos.
Por eso, más que resolver con créditos financieros los compromisos que deben cubrir los gobiernos locales, lo que debe procurarse son nuevos lineamientos que permitan a los ayuntamientos saldar sus compromisos y que los obligue a ser más responsables para no adaptar nuevos endeudamientos que los llegue a las condiciones en las que actualmente operan.
Durante mucho tiempo, gobernantes y legisladores han hablado, casi en susurro, sobre una revisión a Ley de Coordinación Fiscal, en la que estados y municipios reciban más recursos de parte de la Federación para hacer frente a sus compromisos. Tal vez cuando se supere esa desproporción en los asuntos de asignación del dinero público, otra realidad se estará contando.
