La violencia existe, tiene que decirse... no sólo es la premisa básica de nuestra ética y nuestros criterios editoriales de cobertura y publicación... sino que en estos días y semanas se ha convertido casi en un mantra para nosotros.
Agotados como estamos por las demasiadas coberturas y publicaciones relacionadas con este tema, y hartos como nos sentimos como ciudadanos en un ambiente de constante zozobra, la reflexión obliga y es la que nos mantiene hacia adelante.
En ocasiones son hechos los que nos hacen pensar... como cuando narramos la historia tristísima e indignante de una familia a la que no sólo le privaron de la libertad a un familiar, sino que cuando ellos mismos encontraron los restos poco después, tuvieron que “custodiarlos” durante días, ahí donde los hallaron, para que los animales no se los llevaran en tanto llegaban los peritos a documentar el hecho.
Si lo que hacemos permite a esa familia denunciar esa tragedia que de otra forma no se sabría, ahí es donde reflexionamos que tenemos que seguirlo haciendo.
A veces son comentarios o hechos externos, como cuando la semana pasada en un programa de análisis de la televisión nacional abordaban el tema de la violencia en varios estados de la República, entre ellos Sinaloa.
Ahí, una analista que seguro no nos conoce mucho, se atrevió a comentar que por la violencia, o además de ella, los medios sinaloenses estábamos “maniatados” y no informábamos como debía ser.
Aún no terminábamos de indignarnos cuando por fortuna los demás analistas de la mesa, todos periodistas reconocidos a nivel nacional, salieron en nuestra defensa y aclararon que en Sinaloa por lo menos se informa de lo que está ocurriendo y que somos varios los medios de comunicación en la entidad que siempre hemos estado documentando cada hecho y cada ola violenta que la actividad criminal nos deja.
“Sinaloa no es una zona de silencio, a diferencia de otras regiones del País que sí lo son”, fue la conclusión de la mesa, y nos mencionaron a nosotros junto con otros medios sinaloenses para ejemplificar.
Es ahí donde viene otra reflexión. Zonas de silencio. Cuando las pensamos es cuando más sabemos que tenemos que continuar nuestra labor.
Tal vez como lector sinaloense para usted no sea cercano o conocido el concepto “zona de silencio”, porque, como ya quedó claro, Sinaloa no es una de ellas.
Una publicación de 2020, autoría de la entonces coordinadora del Programa de Periodismo del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la doctora en Políticas Públicas por el CIDE, Grisel Salazar Rebolledo, aborda el tema de las zonas de silencio de manera integral.
Titulado “Ejercer el periodismo en entornos violentos: análisis empírico de las zonas de silencio en México”, publicado en la revista Perfiles Latinoamericanos, de Flacso, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hace referencia al origen de este término y lo analiza.
Aunque desde hace tiempo se habla de zonas de silencio, dice el texto, el término comenzó a extenderse a partir de que en 2010 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo incluyó en su informe anual.
“Hay zonas de México en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales. En esta situación de riesgo especial, resulta extremadamente difícil que los periodistas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares (cidh, 2011, párr. 700)”, cita el ensayo.
En 2017, continúa el artículo, la Relatoría de la CIDH elaboró un documento especial denominado Zonas Silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión.
“A partir de entonces, los medios de comunicación y los organismos internacionales continuaron utilizando el término, generalmente para referirse a las regiones en las que se han concentrado, o bien las actividades de los grupos criminales (como en Tamaulipas, por ejemplo), o bien las agresiones contra la prensa (como en Puebla), o ambas (como en Veracruz), asumiendo que estas zonas corresponden con una retracción automática de los periodistas para reportar”.
En el artículo, nos mencionan incluso a Noroeste cuando hacen un recuento de cómo algunos medios mexicanos han adoptado decisiones ante la situación de violencia en su estado.
“El repunte de la violencia ha hecho que, efectivamente, algunos medios hayan renunciado a informar sobre las actividades del crimen organizado. Por ejemplo, los periódicos Zócalo de Coahuila comunicaron públicamente que se abstendrían de difundir toda información relacionada con el crimen organizado ‘en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo’ (Aristegui Noticias, 2013). Otros redujeron su cobertura, pero sin hacer noticia pública de ello; y otros más se negaron a abandonar su función informativa, acudiendo a otras estrategias de reporteo. Un ejemplo es Noroeste, de Sinaloa que, en 2010, después de un ataque contra el edificio del diario y una llamada amenazadora de un supuesto integrante del cártel de los Beltrán Leyva, no sólo no admitió las condiciones del chantaje, sino que respondió con una editorial y la frase ‘No vamos a ceder’ publicada a ocho columnas (Lozano, 2010). El diario además ha difundido un decálogo con nuevos criterios para continuar reportando, pero minimizando el riesgo. El periódico El Sur, de Guerrero, es otro de los que se han resistido a caer en la autocensura; y su director admite que, aunque ya no se realiza ‘periodismo de investigación’, el diario intenta ‘apegarse a principios periodísticos generales, como contrastar información y buscar diversas fuentes’ (Romero, 2015) para no renunciar a su función informativa”.
Pero amén de esto, lo importante del artículo de la doctora coordinadora del CIDE establece: “Se sugiere que para comprender el surgimiento de las zonas de silencio no basta con atribuir la autocensura a la intimidación que produce el crimen organizado. Es necesario incluir en el análisis las configuraciones políticas locales, que establecen incentivos y obstáculos puntuales para que los periodistas continúen realizando su función, incluso en contextos violentos: y concebir a la prensa como un actor político y no como un elemento estructural que resiente pasivamente los embates criminales”.
El argumento, continúa el texto, es que el escenario más nocivo para la prensa es aquel en el que se conjuntan tanto la acción del crimen organizado como la presencia de patrones autoritarios en el ejercicio del poder local.
Al analizar una gráfica de hechos delictivos por estado, el estudio dice “una zona de silencio se observaría en la gráfica 1 como brechas entre el indicador de homicidios y los titulares de violencia, como sucede para Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz. A primera vista, todos estos estados tienen un bajo nivel de noticias relacionadas con violencia y crimen organizado, aunque simultáneamente tienen niveles altos de homicidios por arma de fuego. En cambio, encontramos estados como Baja California, Sinaloa o Tamaulipas en donde los principales periódicos no han dejado de publicar contenido relacionado con crimen organizado, a pesar de desempeñarse bajo condiciones de violencia”.
Como bien destaca el estudio, Sinaloa no es una zona silenciada, a pesar de que “en México han proliferado las ‘zonas de silencio’, lugares donde los medios no generan noticias sobre el crimen organizado”.
Así que pese a nuestro cansancio, nuestro hartazgo y nuestra constante indignación, es satisfactorio precisar que no estamos en una “zona de silencio” y desde Noroeste nos comprometemos a seguir contribuyendo para que eso no suceda.
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