"Rosario Robles irá a juicio por omisiones; Zebadúa, el principal implicado, busca acuerdo para evitar cargos"
“Prefiero ir a un juicio oral, no me interesa negociar un procedimiento abreviado. No soy culpable”, dijo Rosario Robles poco antes de volver a la cárcel en la que ya lleva más de un año presa.
Con sus palabras concluyó ayer la audiencia judicial en la que, una vez más, un juez federal rechazó cancelar el proceso iniciado en contra de la ex funcionaria federal por presuntas omisiones que habrían facilitado el desvío de más de cinco mil millones de pesos en la Sedesol y la Sedatu, y dio luz verde para que se presenten las pruebas y sea enjuiciada por ello.
Mientras tanto, autoridades ministeriales confirmaron que Emilio Zebadúa González, ex oficial Mayor de Sedesol y Sedatu y señalado en las denuncias como el principal responsable de autorizar los presuntos desvíos, inició un acercamiento con la Fiscalía General de la República (FGR) para negociar un acuerdo que le permita evitar un proceso por delitos graves que lo lleven a la cárcel.
Zebadúa ha optado por esta nueva estrategia luego de que perdiera los juicios de amparo con los que consiguió, durante más de un año, no pisar la cárcel y ni siquiera comparecer ante un juez para que se le imputaran los cargos, a diferencia de Robles quien sí respondió al citatorio que le enviaron.
Pero, pese a haberse presentado voluntariamente y aunque hasta ahora no se ha resuelto si es culpable o no, Robles – contrario a Zebadúa – lleva más de un año encarcelada de forma preventiva bajo el argumento avalado por los jueces responsables del caso de que podría darse a la fuga.
Se trata de una prisión preventiva dictada con irregularidades, entre ellas una licencia de conducir falsa que Robles no tramitó, como ya ha sido confirmado en dos amparos ganados por la ex funcionaria en contra de esa medida cautelar. Sin embargo, los jueces han insistido en mantenerla presa. Un tercer amparo relacionado con esta medida se encuentra hoy bajo análisis.
Cárcel y juicio hasta 2021
Como se dio a conocer ayer, el juez federal Ganther Villar Ceballos rechazó una vez más suspender el proceso penal en contra de Robles, tras desestimar un nuevo argumento de su defensa: que las supuestas omisiones que la FGR le imputa no son un delito sino una falta de carácter administrativo.
El juez consideró que se trataba de un tema que no puede analizarse ahora sino hasta la fase de juicio oral, por lo que ordenó a las partes revelar sus pruebas para poder avanzar hacia el mismo.
Sin embargo y a petición de la misma defensa, la presentación de la evidencia se pospuso hasta el 8 de diciembre luego de que los abogados argumentaran que no han recibido aun los resultados finales de dos peritajes importantes para su teoría del caso.
Lo anterior significa que Robles permanecerá encarcelada de forma preventiva, al menos hasta el 2021. Ello ya que una vez que se logre concluir con la audiencia intermedia deberán transcurrir al menos dos meses antes de que se realice el juicio oral ante un nuevo tribunal.
El abogado Epigmenio Mendieta, quien encabeza la defensa de Robles, había adelantado a Animal Político que analizarían promover un amparo si el juez Villar rechazaba suspender el caso. No obstante, aunque dicho amparo se presente y se conceda una suspensión, su efecto solo sería suspender que se acuerde una fecha mientras se analiza de fondo los argumentos de la defensa. En cualquier caso Robles continuará presa.
Zebadúa: de los amparos a la negociación
Emilio Zebadúa es, desde el punto de vista técnico y jurídico, el principal responsable del presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
En sus múltiples denuncias, la Auditoría Superior de la Federación lo señala como el funcionario clave dado que ocupaba el cargo de Oficial Mayor y era el encargado del manejo de los recursos.
Por sus manos pasaba, de forma ineludible, la aprobación de recursos para los convenios con universidades en el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.
La FGR tiene iniciadas en su contra más de 20 carpetas de investigación, incluidas dos por posible lavado de dinero.
Pero hasta ahora y a diferencia de su exjefa y de otros funcionarios de menor rango, Zebadúa no ha puesto un pie ni en un juzgado, ni en la cárcel.
Originalmente la FGR intentó proceder en su contra por el mismo caso por el cual Robles lleva más de un año presa. Sin embargo, el ex funcionario prefirió no comparecer ante el juez y, en cambio, comenzó una estrategia basada en promover diversos juicios de amparo para retrasar su comparecencia, alegando que no fue citado antes como testigo y que no se le había dado el derecho a defenderse.
Aunque consiguió obtener suspensiones provisionales y definitivas, los magistrados que revisaron los casos finalmente le negaron los amparos, el último de ellos a finales de septiembre pasado.
Lo anterior deja el camino libre a la FGR para pedirle a un juez que cite en audiencia a Zebadúa, incluso, que gire una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, en esa coyuntura el ex Oficial Mayor ha optado por una nueva estrategia: la búsqueda de un acuerdo con los fiscales para ser perdonado o para obtener, al menos, un proceso más benévolo.
Fuentes con pleno conocimiento de las indagatorias indicaron a este medio que la semana pasada Zebadúa inició un contacto formal con la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales de FGR, que es la responsable de las carpetas de investigación en curso, con el objetivo de comparecer y buscar el potencial acuerdo.
Se trata de una salida alterna que la ley contempla, pero para la que se plantean varias condiciones y requisitos. Una opción es un “criterio de oportunidad” que significa volverse testigo colaborador contra posibles delincuentes de mayor nivel o procesadas por delitos más graves, y aportar información útil que sirva para procesarlas.
Dicho recurso ya ha sido concebido en casos similares de corrupción denunciados por la ASF. Uno de los más relevantes fue el criterio de oportunidad para Tarek Abdalá, extesorero de Veracruz, quien fue perdonado en más de 35 carpetas iniciadas en su contra a cambio de que declarara en contra del exgobernador de dicho estado, Javier Duarte. Es el mismo criterio que actualmente busca el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Otra opción es acordar con la FGR la búsqueda de un “proceso abreviado”, que consiste en declararse culpable de un delito que se le impute luego de ser vinculado a proceso, a cambio de una pena reducida.
En cualquiera de las dos opciones Zebadúa tendría que garantizar ante la FGR algún grado de reparación del daño.
Animal Político solicitó oficialmente a la FGR un posicionamiento oficial sobre el acercamiento de Zebadúa con funcionarios de la dependencia realizada la semana pasada, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
Ayer, en una carta dirigida a la opinión pública, la propia Rosario Robles advirtió que contaba “con información confiable de fuentes al interior de FGR de que se han reunido con ex colaboradores ofreciendo impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”.
¿Opacidad e indebido proceso?
Como se había anticipado, la audiencia intermedia del proceso contra Rosario Robles se realizó a puerta cerrada, sin que se permitiera la presencia de público ni de medios de comunicación, debido a las restricciones impuestas por el Consejo de la Judicatura Federal a causa de la pandemia sanitaria.
Estefanía Medina, abogada experta en temas penales y de corrupción, y cofundadora de la organización TOJIL A.C. advirtió en entrevista que dichas restricciones eran entendibles, sin embargo, con los meses que han transcurrido ya debería haberse buscado una alternativa para no normalizarlo, como por ejemplo el seguimiento virtual a distancia.
El problema, dijo, es que el impedir la publicidad de las audiencias no deja de ser una violación a la Constitución que dicta que los procesos penales deben ser públicos, situación que además de propiciar opacidad puede poner en riesgo la integridad de los juicios que se llevan a cabo.
“So pretexto del tema de la pandemia el poder judicial sigue siendo omiso en dar cumplimiento al tema de publicidad (…) Es una flagrante violación a la Constitución y si no se buscan mecanismos para garantizar que esto no ocurra puede ser una violación al proceso que a la larga genere problemas o de espacios de oportunidad a las defensas”, dijo Medina.
La experta consideró especialmente preocupante que esta situación se dé en el proceso de Rosario Robles, pues dijo que es un caso de corrupción de gran interés público, pero donde ha habido ya señalamientos de posibles irregularidades y faltas al debido proceso, por lo que la fiscalización pública es vital.
