"FGR no acusaría a Rosario Robles; se acogería a criterio de oportunidad"

Ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la agente del Ministerio Público Federal, Mónica Martell Olguín, expresó que están en posibilidad de dar por concluido el proceso penal que la Fiscalía General de la República sigue contra María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La FGR decidió negociar con la ex funcionaria federal -a través de un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad- una salida anticipada a su caso, motivo por el cual decidió no acusarla formalmente por el delito de uso indebido del servicio público, al ser presuntamente omisa de un desvío dentro de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social suscribieron convenios y contratos con la SEDESOL y SEDATU, por un total de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos.

Ante ello, Villar Ceballos emplazó al Ministerio Público a entregar en un lapso no mayor a cinco días un planteamiento para que sea la propia FGR la que busque de manera directa a Robles Berlanga, para que continúen con el diálogo y alcancen una salida anticipada del asunto. El juez citó a las partes para el próximo 26 de febrero, a la celebración de una nueva audiencia, donde la FGR dará a conocer los acuerdos alcanzados con la ex funcionaria federal.

Estaba previsto que dentro de la audiencia que se realizó a través de videoconferencia este mismo día -y duró un poco más de una hora-, la FGR acusara formalmente a la ex titular de la SEDESOL y SEDATU federal, lo que al final no sucedió.

Desde el 23 de noviembre del 2020, Robles Berlanga ofreció convertirse en testigo protegido de la FGR. La funcionaria federal se encuentra bajo proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de supuestamente haber sido omisa ante los presuntos desvíos de sus subordinados en la llamada “Estafa Maestra”, por más de 5 mil millones de pesos.

El 2 de noviembre, Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de SEDESOL) y de SEDATU, durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, en el Gobierno de Peña Nieto- ofreció convertirse en testigo protegido de la FGR.

Para así “revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del [Partido Revolucionario Institucional] PRI”, en la llamada “Estafa Maestra”, según lo informó este lunes 2 de noviembre, el diario Reforma, basado en fuentes del Gobierno Federal.

Mismas que “confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”.

“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos”, señaló el rotativo.

“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la ‘Estafa Maestra', la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.

Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la SEDATU y la SEDESOL fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado”, abundó el Reforma.

Asimismo, el ex oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL Federal también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, las instituciones antes mencionadas, suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos.

Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos, recordó el Reforma.

“El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado”, detalló el rotativo.

El 4 de agosto del 2020 se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de María del Rosario Robles Berlanga y de Emilio Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de la SEDESOL y SEDATU, durante el Gobierno de Peña Nieto.

Una semana antes, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismo que podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

El 26 de octubre del 2019, la ex titular de SEDESOL y SEDATU, acusó a la FGR, mantenerla como rehén debido a que, según aseguró, no ha aceptado colaborar. A través de una carta escrita a mano, la ex funcionaria federal señaló que no optará por recurrir a lo que llamó la “falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.

“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén -porque no he querido colaborar- para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, afirmó Robles Berlanga.

La ex titular de la SEDESOL y la SEDATU Federal agregó que tiene información de la misma Fiscalía General de la República, que ofrecen impunidad a otros implicado en la llamada “Estafa Maestra”, a cambio de declarar “lo que ellos necesitan”.

Asimismo, Robles Berlanga destacó que la FGR pretende darle su libertad a cambio de que “señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad”.

El 23 de septiembre del 2019, Robles Berlanga se declaró formalmente inocente del presunto delito que le imputó la FGR, institución a la que acusó de presionarla para que repare las presuntas omisiones por haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 025 centavos, en la llamada “Estafa Maestra”.

En la respuesta oficial a la acusación formal que realizó en su contra la FGR el 26 de agosto del 2019, Robles Berlanga indicó que la petición de parte de la Fiscalía que se le condene el pago de la reparación del daño por dicha cantidad “es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso”.

“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, agregó Robles Berlanga.

La respuesta fue entregada a Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a quien la ex funcionaria federal solicitó cite a declarar a 15 testigos, entre ellos, al ex oficial mayor de la SEDESOL, Zebadúa González, además de Juan Carlos Lastiri Quiroz, ex Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, y, a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, dentro de la carpeta judicial 314/2019, Robles Berlanga pidió al juez federal citar a declarar a Alberto Javier Sánchez Rojas, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Vicente Agustín Mercado Zúñiga, Jaime Aranda Castillo, Javier Ortiz Moreno, Emilio Zebadúa, Javier Guerrero García, Víctor Manuel Tapia Castañeda, Armando Saldaña Flores, José Antonio Orozco Martínez, y a Marcos Salvador Ibarra Infante.

La ex funcionaria federal ofreció como medio de prueba las testimoniales de Juan Francisco Martínez Lavin, quien se desempeñó como enlace entre la Sedesol y la ASF; así como los de Aldo Pavón Segura, quien prestaba sus servicios para la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), un órgano descentralizado de la SEDATU, y quien fuera designado de manera provisional para atender las determinaciones y los pliegos de observaciones indicados por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2016.

Por otra parte, la ex titular de la SEDATU y SEDESOL Federal negó de manera categórica las acusaciones de la FGR, porque dijo que se apartan de la verdad y pretenden atribuirle la responsabilidad de hechos en los que nunca ha participado, ante lo que ofreció dictámenes periciales en materia de administración pública y contable tratar de desvirtuar la acusación de la Fiscalía.

“Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal”, afirmó Robles Berlanga en su respuesta

“[…] como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las auditorías forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los pliegos de observaciones a la cuenta pública, ni al momento de presentar los dictámenes técnicos”, detalló la ex funcionaria federal.