El gasto social palió la crisis; el reto ahora es generar economía

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- Hace tres años, cuando ganó la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió dos cosas en materia económica: una transformación para desterrar los vicios del modelo neoliberal, como lo son la desigualdad social y la corrupción; y un impulso productivo para romper con la inercia de bajo crecimiento económico de los últimos 35 años.

Hoy, a mitad de sexenio, el talón de Aquiles de su administración sigue siendo el crecimiento económico, que lo ha quedado a deber, en gran medida, por el clima de recesión por el que atraviesa el país desde principios de 2019, mismo que se acentuó con la pandemia de coronavirus, en un contexto en que la recuperación económica —que ya empezó— se extenderá más allá de 2021, considerando que aún regresando a los niveles previos a la pandemia, la economía mexicana estará anclada por los factores de bajo crecimiento económico que había previo a la pandemia.

Sin embargo, uno de los cambios que prometió —y que está en movimiento— es la implementación de una política económica con un enfoque de bienestar con justicia social, que en los hechos se ha materializado a través de una serie de transferencias o subsidios sociales que contrasta con lo que hicieron anteriores administraciones, en que se dio prevalencia al rescate de grandes agentes económicos —como lo son empresas del sector privado— aún a costa de un mayor endeudamiento público.

Para analizar el comportamiento de la política económica del actual sexenio hay tres puntos de quiebre: el periodo antes de la pandemia, la pandemia y la etapa postpandémica, de acuerdo con la doctora Nayeli Pérez Juárez del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Este medio tiempo del actual sexenio no se puede explicar sin esos antecedentes”, dijo en entrevista la economista, ya que si no se consideran y sólo se revisan los indicadores económicos, obviamente el resultado será “bastante negativo”.

Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2021 fue 4.8 por ciento inferior al del mismo trimestre de 2019, que incluye una disminución de las actividades industrial, de servicios y de comercio; y la masa de inversiones (pública, privada y extranjera) como porcentaje del PIB al cuarto trimestre de 2020 fue 18.4 por ciento más baja que la registrada en el cuarto trimestre de 2018, indican cifras de la Secretaría de Economía (SE) y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

En ese sentido, Pérez Juárez explicó a SinEmbargo que “no podemos desligar el comportamiento económico de una crisis sanitaria que evidentemente se convirtió en una crisis económica”, por lo que los aciertos y desaciertos del actual Gobierno tendrán que ser analizados a la luz de la coyuntura de los últimos años. “Es un sexenio que se está moviendo con antecedentes de recesión y de crisis económica, y los resultados que ha dado [...] en términos generales son positivos hasta cierto punto, porque lo tendríamos que medir en corto y mediano plazo”, abundó la economista del IIE-UNAM.

Uno de los factores que permite entender el manejo de la economía de México por parte de la actual administración es precisamente el uso de instrumentos de política social —en este caso los subsidios o transferencias del sector público— que aunque tienen un carácter de tipo proteccionista, son estímulos que —al menos desde el punto de vista teórico— están relacionados con el incremento del consumo, que asimismo habría de tener un efecto positivo en términos de inversión y de crecimiento y desarrollo socioeconómico del país, coincidió el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, especialista en financiamiento para el desarrollo del IIE-UNAM.

“En términos de reordenación del gasto público a gasto social —incluida la inversión en infraestructura pública— con una visión de autonomía productiva, el resultado ha sido relativamente bueno, sobre todo pensando que el objetivo es el crecimiento del poder adquisitivo, por lo menos a partir del salario mínimo, sin considerar la inflación”, explicó el economista.

Pero más allá del gasto en programas sociales y en infraestructura pública para reactivar la inversión, los economistas consultados refirieron que el enfoque de bienestar con justicia social que está siendo implementado enfrenta «problemáticas y trabas» que impone el actual sistema económico.

Al respecto, la doctora Nayeli Pérez Juárez dijo que a pesar de que a corto plazo funciona la intervención del Estado, en cambio a largo plazo, la pregunta es si el fomento a la inversión será suficiente como para sostener programas y transferencias sociales, sobre todo si se consideran factores como las variables climáticas que van a impactar la economía familiar, como lo es el periodo de sequías que se ha venido extendiendo y profundizando desde mediados del año pasado y que detonó un proceso inflacionario en productos agropecuarios.

“No puedes estar teniendo o estar incrementando transferencias sociales sin estar incrementando la recaudación y sin estar incrementando los niveles de inversión, porque si no, ahí sí van a generar un problema mayor”, explicó la investigadora de la UNAM, quien también mencionó que una de las principales problemáticas del actual Gobierno es que la inversión se está fomentando a partir de la inversión pública, que aunque «es correcto y está bien”, no sustituye a otras variables como lo es la inversión privada, sin la cual y de no ser fortalecida, el Gobierno «puede estar generando rigideces dentro de la economía interna”.

Las cifras del Inegi refieren que la inversión privada cayó 42.6 por ciento real entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, mientras que en los dos últimos trimestres del año pasado repuntó 28.7 por ciento. Esto implica que aún no se recupera del golpe de la pandemia.

Al igual que Pérez Juárez, el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco refirió que la administración de AMLO tendrá que balancear la relación público-privado para evitar una contraposición o aislamiento de la política económica que pretende seguir implementando, con respecto al modelo económico con que operan las economías a nivel internacional, incluida la de México, que tiene acuerdos multilaterales y multinacionales (como el T-MEC) orientados a favorecer una economía de mercado.

Austeridad y gasto público

En el «Proyecto de Nación 2018-2024”, López Obrador y los integrantes de su movimiento político recogen varios proyectos y propuestas para reactivar y transformar la economía de México. Entre los principales pilares de cambio están aquellos que hoy forman parte de los objetivos transversales de su política económica.

Primero, la austeridad en el ejercicio de recursos públicos, que implica no aumentar el gasto y limitar el endeudamiento; segundo, el fortalecimiento a la inversión pública y privada, que incluye gasto capital en infraestructura, así como aquél para el fomento de las industrias y la diversificación de exportaciones; y tercero, desarrollo social, que agrupa los compromisos de aumentar el poder adquisitivo, reducir las desigualdades y fomentar la economía social y solidaria (o creación de cooperativas).

Con relación a los puntos uno y dos, en materia de austeridad y del fortalecimiento de las inversiones, los economistas consultados refirieron que existe un grado de tensión que la actual administración tendrá que resolver para concretar su proyecto de desarrollo. Ello supone un balance entre el recorte y reajuste de gastos para no minar las inversiones existentes, en yuxtaposición con el uso eficiente y estratégico de recursos públicos.

Un ejemplo de ello es lo que que refiere el empresario Carlos Chavira Rodríguez al mencionar que lo que “ha salido bien” con esta administración es el no endeudamiento y el manejo prudente de las finanzas públicas, así como el combate a ciertos intereses creados en algunos sectores económicos como el farmacéutico y el energético, que son estrategias que —junto con el discurso de combate a la corrupción— mejoran el panorama económico del país, pero que contrastan con otros factores pendientes que van de la mano con estas estrategias, como en los casos del fomento a pequeñas y medianas empresas, o la apertura de nuevos mercados y la mejora de las condiciones de competencia económica a nivel nacional, toda vez que en México aún hay sectores con acotados competidores, por ejemplo el energético, el de transporte, de servicios financieros y de telecomunicaciones.

De acuerdo con el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, “uno de los puntos que implica tanto una fortaleza como una debilidad de este Gobierno es el gasto público”. Al respecto, el investigador del IIE-UNAM refirió que aunque la austeridad siempre es necesaria, en extremo puede desestabilizar las operaciones regulares del aparato gubernamental, e incluso ralentizar el desarrollo de inversiones privadas que dependen de flujos de capital público.

Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que en los primeros 12 meses del sexenio actual, el gasto neto del sector público tuvo un recorte de 0.4 por ciento real mientras que, como consecuencia de la pandemia, este gasto aumentó 9.3 por ciento en 2020.

Con respecto a la austeridad, la doctora Nayeli Pérez Juárez enfatizó que el no endeudamiento de esta administración es y seguirá siendo un acierto mientras que permita que la economía siga creciendo, a pesar de que en casos de crisis económicas como la que atraviesa México se espera que el endeudamiento sea utilizado para fomentar a empresas —sobre todo a las más grandes— mediante una política fiscal (o estímulos sobre impuestos) con la finalidad de que no caigan en quiebra.

“Se ha cometido un acierto en no endeudarse para hacer este tipo de rescates. De hecho, parte de la teoría económica que se sustenta dentro del marco de la propia economía de mercado, es que si las empresas no sobreviven a estos choques macroeconómicos, pues deben de desaparecer y deben entrar nuevos actores a los mercados, porque si no estás fomentando empresas que son nocivas para la economía”, explicó Pérez Juárez.

Hasta mayo de 2021, el saldo total de la deuda neta del sector público federal —que incluye al endeudamiento interno y externo— equivalió al 47.7 por ciento del PIB de México, de acuerdo con datos de la SHCP. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que por la pandemia, a finales de 2021 el saldo sea cercano al 60.5 por ciento del PIB.

Los especialistas consultados refirieron que la actual administración está actuando de manera responsable, además que es positivo que el Gobierno en lugar de subsidiar a grandes empresas esté subsidiando gasto social. Sin embargo, advirtieron que este último tipo de gasto tiene sus limitantes ya que sólo funciona a corto plazo.

Para Pérez Juárez, “si no tienes recaudación, si no tienes crecimiento de inversión pública-privada, no te va a dar para seguir fomentando eso. Se ha hecho mediante recortes [...]. Es un acierto. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la solución puede terminar convirtiéndose en un problema. Ahí es donde el estímulo a la inversión sí se debe de aplicarse”.

El problema de la recaudación fiscal es uno de los más grandes pendientes del Gobierno del Presidente López Obrador, ya que aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha ocupado de aplicar la ley para que los grandes contribuyentes paguen impuestos, el programa actual ha sido insuficiente por la gran cantidad de contribuyentes que no lo hacen.

«Allí es donde seguimos atorados, me parece, y no le permite al Gobierno dar el cambio que se espera, sobre todo para distanciarse en materia macroeconómica de lo que se venía haciendo”, indicó Cruz Blanco, quien asimismo adelantó que de no resolverse esta situación, las alternativas de la actual administración para aumentar sus ingresos serán subir impuestos o contraer más deuda.

De acuerdo con la SHCP, aunque el monto de los ingresos tributarios en los primeros 24 meses del actual sexenio es el más elevado en comparación con el mismo lapso de los sexenios anteriores a partir del año 2001, con un nivel equivalente al 14.4 por ciento del PIB al cierre de 2020, hoy en día casi dos terceras partes de la población económicamente activa es informal y no paga impuestos. En ese sentido, los datos del Inegi indican que en marzo de 2021, la tasa de informalidad laboral se situó en 56.8 por ciento, que es una cifra inferior en 1.1 puntos porcentuales en comparación con la de marzo de 2020.

Pendientes y vulnerabilidades

Además de fortalecer el gasto público en inversión —que al cierre de 2020 equivalió al 2.5 por ciento del PIB y que es insuficiente para detonar el crecimiento económico nacional— y de fomentar la recaudación tributaria, el Gobierno actual tiene pendiente la diversificación de exportaciones y la generación de empleos con mejor poder adquisitivo.

En la opinión del doctor Moritz Alberto Cruz Blanco del IIE-UNAM, el apoyo a las exportaciones es indispensable no sólo por un tema de superávit comercial, sino también porque es un generador de empleos muy importante a nivel nacional. Al respecto mencionó que “cualquier importación generalmente implica una pérdida de empleo, sobre todo cuando eso que no se produce sí se puede producir” en un determinado país. Por ello, el economista explicó que “desarrollar industrias es generar empleos y entra en lógicas que no son del todo de libre mercado”.

Las cifras del Inegi refieren que entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020, a la par que aumentó la demanda de bienes y servicios en Estados Unidos, las exportaciones mexicanas repuntaron 12.3 por ciento real, de modo que el nivel de exportaciones del cierre del año pasado fue 3.8 por ciento real superior al nivel del mismo trimestre de 2019.

Aunque las exportaciones comienzan a recuperarse y a impulsar a los sectores primario (agropecuario) y secundario (industrial) de la economía mexicana, toda vez que la balanza comercial tiene un balance positivo, Cruz Blanco señaló que el reto a mediano plazo es aprovechar los acuerdos comerciales de México —sobre todo en lo tocante al T-MEC— para impulsar la recuperación que está viviendo actualmente el país, así como tejer nuevos mercados que propicien la generación de industrias a nivel nacional, máxime considerando que la mayor parte de la economía depende del sector terciario (servicios) que ha sido al que más le ha costado recuperarse, en buena medida por la lenta reapertura del turismo nacional e internacional.

En ese sentido, la diversificación de exportaciones —como detonante de inversiones en otros sectores productivos— serviría para amortiguar de mejor manera los efectos de futuras crisis económicas.

En cuanto al poder adquisitivo, los economistas consultados explicaron que existe una situación complicada, ya que a pesar de los aumentos al salario mínimo, estos aún son insuficientes para garantizar el desarrollo de los mexicanos que en su mayoría —74 por ciento de la población ocupada con ingresos especificados, de acuerdo con el Inegi— tienen remuneraciones mensuales de no más de dos salarios mínimos y cuya capacidad de adquisición se ha visto muy reducida por factores macroeconómicos como la inflación.

“La tasa de inflación de la primera quincena de junio fue alta, fue de seis por ciento. Eso hay que tenerlo en cuenta porque impacta directamente al ingreso de las familias”, dijo al respecto la doctora Nayeli Pérez Juárez.

La economista de la UNAM explicó que aunque el Gobierno aumente los salarios, la inflación continuará anulando los incrementos si no existe un control de las variables macroeconómicas —como el PIB, la inflación, la tasa de interés, el empleo y el desempleo— que afectan al ciudadano de a pie.

A modo de ejemplo recordó que «una caída del dos por ciento del PIB te va a generar un elevación del desempleo del uno por ciento. Eso ya está impactando el consumo y todas las demás variables”. Algo similar ocurre con el efecto dominó de la tasa de interés y de la inflación.

De acuerdo con la doctora Pérez Juárez, el tema de la inflación es preocupante y es un tema que tendrá que estar vigilando el Gobierno de manera constante. Una forma de controlarla es con la tasa de interés: aumentarla sirve para evitar fuga de capitales y atraer inversores (por el potencial incremento de rendimientos), además de que ayuda a mantener la estabilidad del tipo de cambio, mientras que reducirla tiende a estimular el consumo de personas físicas y morales (ya que las cargas crediticias se ven reducidas) y puede ayudar a fomentar empleos e inversión.

En todo caso, la situación actual es un cuello de botella, ya que de uno u otro modo la tasa de interés tendrá un impacto sobre la inflación. Y si el banco central no juega bien sus cartas, a fin de cuentas habría una disminución del salario real de todos los mexicanos, que más que impactar en términos numéricos, tendrá consecuencias negativas en materia de bienestar y de la línea de pobreza a nivel nacional.