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Aprobado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el convenio entre Pemex y su sindicato que modifica el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores en activo, aduciendo que no contiene renuncia de sus derechos, se abre la ruta para hacer lo propio de cara al sistema privado de cuentas individuales.
De acuerdo al presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes, la aportación de los trabajadores adheridos al esquema para engordar al fondo deberá crecer de 6.5 a 15 por ciento del salario base.
La recomendación la había planteado semanas atrás el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Hasta hoy las reformas no habían tocado derechos adquiridos de los trabajadores, ubicándose escenarios distintos sólo para los de nuevo ingreso. Así en el caso del Seguro Social o en el de la Comisión Federal de Electricidad.
Cuando se abrió el Sistema de Ahorro para el Retiro tanto de cara a los afiliados al IMSS como a los del ISSSTE, se le dejó a los que estaban ya en ruta de jubilación la opción de optar voluntariamente por mantenerse en el esquema en que cotizaban o incorporarse al nuevo.
En el caso de Pemex, además de la otra ruta para los de nuevo ingreso se alteró lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo, elevándose para los trabajadores con 15 años de antigüedad en cinco más su posibilidad de retiro. En lugar de 55 lo harán a los 60 años... con 30 de labores.
La ruta habla de nuevos acuerdos para llegar a 65 o más años en el futuro.
La primera revisión se realizará en 2021.
Bajo ese marco, en el papel, no habrá problemas para replantear el escenario sobre la marcha de trabajadores al servicio del sector privado.
La exposición de motivos habla de que la vía de financiamiento solidario de las pensiones ya no es viable.
Si desde 1950 al 85 el índice de envejecimiento poblacional se mantuvo estable, a partir del 90 se modificó sustancialmente la perspectiva.
De acuerdo a la Consar, si en 1990 celebraban su cumpleaños 65 un promedio de 839 mexicanos al día, para 2020 se llegará a cuatro mil 116.
Dicho con todas las letras, el envejecimiento de la población vuelve inviable el esquema planteado por el gobierno zedillista, por más que desde entonces los actuarios advertían de un eventual fiasco.
No alcanza para la pensión mínima garantizada.
En el camino la Consar ha abierto puertas para facilitar el ahorro voluntario, es decir la posibilidad de engordar el cochinito al margen de la aportación obligatoria, con la novedad de que solo se ha logrado captar 32 mil millones de pesos.
En paralelo, se ha forzado a las intermediarias a reducir al mínimo sus comisiones, ubicándose en paralelo la posibilidad de que las Sociedades Financieras de Inversión se lancen a realizar apuestas cada vez más audaces.
Y ni así.
Por lo pronto, la urgencia de Pemex apuntaba a disminuir su colosal pasivo laboral que alcanza un billón 539 mil 712 millones, con un incremento anual de 4.4 por ciento.
Por cada peso que se le baje a la montaña, el Gobierno pondrá otro.
El acuerdo implica, por lo pronto, que el País asumiría como deuda soberana 513 mil 324 millones de pesos, casi la tercera parte del pasivo.
La gran pregunta es si no habrá ruido por la vulneración de derechos adquiridos que protege la Constitución.
Balance general
En cumplimiento a lo que ya representa una tradición, a la medianoche de ayer se abrió el telón para la promoción mercantil denominada Buen Fin, en la mira se incrementar en 10 por ciento las ventas de hace un año, cuyo monto alcanzó 40 mil millones de pesos.
Y aunque el objetivo es el consumidor, en la piñata participa un curioso juego de intereses cruzados. De pronto, por ejemplo, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se vanaglorió de haber llegado a un acuerdo con los fabricantes para abaratar al máximo el costo de los televisores digitales... lo que beneficia al Gobierno de cara al apagón digital.
De pronto, la Secretaría de Hacienda ofrece premios para los consumidores que paguen con tarjeta de crédito, lo que provoca una carambola de dos bandas en favor de los bancos... y de la fiscalización del Sistema de Administración Tributaria.
Ahora que el aluvión le permitiría al Gobierno complementar la recaudación de noviembre.
Golpe a Lujor
A instancias del órgano de control interno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se acaba de inhabilitar por dos años para recibir contratos públicos a la empresa IFOOD México, a quien se conoce también como Grupo Lujor.
La sentencia habla de que la firma proporcionó información falsa y se condujo de mala fe en un procedimiento licitatorio para ofrecer servicios integrales de alimentación.
Adicionalmente se le aplica una sanción pecuniaria de un millón 51 mil 500 pesos.
La compañía ofrece servicios similares para plataformas petroleras, hoteles y centros de convenciones.
Encabezada por Juan Carlos Pichardo, la firma maneja la franquicia Wings Stops, además de Burguer FI.
En paralelo, mantiene algunos locales de Dominos Pizza en varias entidades de la República.
Sus sedes centrales se ubican en la capital del país y Torreón.
Volaris por Mexicana
El ganón con la salida de las pistas de Mexicana de Aviación en vuelos nacionales es Volaris, cuya participación de mercado que en 2010 llegaba al 14.8 por ciento, se elevó el año pasado al 23.3.
Le sigue Interjet, quien saltó a 16.3 a 23.8, en tanto Viva Aerobus pasaba de 8.8 a 11.4.
Aeroméxico redujo una décima de parte su participación, de 36.2 a 36.1.
Sin embargo, en vuelos internacionales fue la firma que más creció en el lapso, pasando del 10.1 al 15.9 por ciento del mercado.
El salto de Volaris fue de 2.9 y el de Interjet de 2.2.
Jaque al SAT
En un escenario que le abre camino a cientos de miles de juicios similares, el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, le concedió un amparo a un contribuyente contra la disposición de la Secretaría de Hacienda de limitar la posibilidad de deducción de gastos médicos.
De acuerdo a lo planteado en la reforma fiscal, lo máximo a que puede llegar un causante es el equivalente al 10 por ciento de sus ingresos de un año o cuatro salarios mínimos elevados al año.
La posibilidad, bajo el anterior marco impositivo, no tenía límite, incluyéndose no solo honorarios médicos y medicinas, sino gastos por atención dental, hospitalización y aun aportaciones extraordinarias al Sistema de Ahorro para el Retiro.
El juez calificó la medida de "regresiva e inequitativa".
