Sin haberse desahogado aún una solicitud de amparo indirecto planteada por la empresa Talleres Unidos Mexicanos contra la adjudicación sin licitación al calce del Gobierno de Baja California de un contrato para fabricación de placas vehiculares a la firma Lazos Internacionales, el gobierno de Guerrero ya le dio otro.
Aunque ni el monto del documento ni su magnitud tienen relevancia, estamos hablando de 16 millones 433 mil pesos y de 81 mil 276 juegos de láminas, lo trascedente es el cúmulo de irregularidades detectadas.
De entrada, la compañía agraciada, encabezada por Carlos González Ortiz Mena, no tenía la autorización de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para fabricar placas... cuyo documento lo obtuvo justo después de la adjudicación del contrato.
La firma que se presenta como fabricante de corcholatas se creó el 13 de noviembre de 1998 con un capital de sólo 51 mil pesos, pero se declaró en suspensión de actividades hasta 2013, cuando la adquirieron sus actuales propietarios.
En la muestra de su trabajo que entregó la empresa para demostrar que sí podía, al margen de la falta de puntos en las íes de Baja California, no existen las medidas de seguridad que garantizarían que las láminas sean infalsificables.
Más concretamente, no son identificables las imágenes flotantes o líneas onduladas. Tampoco se ubica el sello de seguridad patentado por la empresa 3M, líder mundial en investigación y tecnología.
Y si le seguimos, no aparece la estrella de la SCT grabada en láser.
La empresa, por lo demás, había presentado una postura siete por ciento más alta en relación con el costo de un número igual de placas ejercido en el ejercicio anterior.
Estamos hablando de 16 millones 433 mil 571 pesos, frente a los 15 millones 408 mil 900 que se erogaron en 2013 en la extrapolación de un contrato.
El gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid había convocado a una licitación pública originalmente a principios del año, a la que se inscribieron el Grupo Industrial DLU, Troquelados e Impresos, Placas Realizadas y Tomsa, todas ellas pertenecientes a la Asociación de Fabricantes de Documentos Oficiales de Identificación Vehicular, con la novedad de que en febrero el concurso se declaró desierto, alegando que el gobierno no tenía suficiente presupuesto.
Además, se argumentaba que las empresas pertenecientes al organismo se coludían para obtener los contratos, lo que necesariamente caminaba en el filo de la difamación.
El caso es que un mes después se le adjudicó el contrato por la vía directa a Lazos Internacionales, bajo el argumento de que se requería el trabajo a bajo costo y con la mayor celeridad.
El caso es que tres meses después el pedido no se ha cubierto.
Planteada una queja ante la SCT por parte de los afectados, la bolita se remitió al Gobierno local, por más que en abono de la firma que había logrado obtener el contrato sin tener autorización para fabricar placas, se adujo que le había arropado también el Gobierno de Guerrero.
El sospechosísimo, empero, apunta al peso de los apoyados. Carlos González Ortiz Mena es nieto del que fuera durante tres sexenios Secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, promotor del llamado "desarrollo estabilizador".
En el árbol genealógico, está su primo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Además, el propietario de Lazos Internacionales es hermano de Francisco Antonio González Ortiz Mena, director de banca de inversión de Banobras, en cuya tarea esta su designación como delegado fiduciario del fideicomiso que maneja apoyos para infraestructura de las entidades federativas por parte del Gobierno federal.
A Baja California le corresponderán 11 mil millones de pesos.
Desde otro ángulo, la familia está ligada al que fuera Secretario de Gobernación y Gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, hijo del que a su vez fuera Secretario del Trabajo, Salomón González Blanco.
Por lo pronto en la solicitud de amparo de Talleres Unidos Mexicanos se señala que en el acto reclamado se violó la Constitución en sus garantías de derecho a la igualdad, no discriminación, libre ocupación o trabajo y libre participación y competencia en el mercado.
Placa de influyente.
Balance general
Hecho público un documento de que en el papel el Instituto Federal de Telecomunicaciones concluye que la empresa de televisión satelital Dish sí mantiene una sociedad con Teléfonos de México, a contrapelo de que sólo mantenían una alianza de carácter comercial, es decir Telmex allanaría los cobros de los usuarios de la firma, ésta se defiende.
De acuerdo a la empresa encabezada por Joaquín Vargas, ésta surgió de una alianza entre la cadena MVS y Echostar, lo que jura poder acreditar fehacientemente.
Y aunque la compañía está emplazada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones vía un oficio de presunta responsabilidad, se aduce que éste no es concluyente, es decir no hay aún una resolución en su contra.
De hecho, se habla que a Televisa se le hizo una notificación similar en la presunción de prácticas monopólicas relativas en su modalidad de ventas atadas, y el expediente aún está vivo.
De acuerdo a Dish, en ningún momento se le han comprobado prácticas anticompetitivas.
El caso es que los detractores de la empresa hablan de simulación y remiten a una presunta complicidad de las autoridades que en su momento revisaron el asunto, es decir la Comisión Federal de Competencia que encabezaba Eduardo Pérez Motta, y la Comisión Federal de Telecomunicaciones que a su vez tenía como titular a Mony de Swan.
El asunto está que arde.
Otra por Comex
Sin ventilarse aún el arbitraje internacional a que emplazó el Grupo Comex a la estadounidense Sherwin Williams, acusándola de tirar el arpa antes de tiempo en la posibilidad de concretar una oferta de compra, la empresa de la familia Achar ya tiene un nuevo postor.
Estamos hablando de PPG Industries, reputada como líder mundial en recubrimientos y materiales especializados.
La propuesta, firmada y avalada por Comex, es de dos mil 300 millones de dólares, 300 menos de lo que planteaba Sherwin Williams.
Con 62 años de presencia en el País, la firma mexicana que nació como negocio familiar tiene ocho centros de producción, seis de distribución y tres mil 600 tiendas en todo México.
Sus ventas alcanzan a Centroamérica.
Su nómina es de tres mil 500 empleos.
Dado que, a diferencia de Sherwin Williams, PPG Industries no tiene mayores operaciones en México, no se vislumbra oposición a la operación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Suben a Pemex
A contrapelo de su grave sobrendeudamiento, la calificadora de deuda Moody's elevó la calidad crediticia de Petróleos Mexicanos, saltando de BAAV a A3, en concordancia con el trato al Gobierno, quien es el aval en las colocaciones.
Sin embargo, se considera que el salto es consecuencia de las expectativas internacionales ante la reforma energética, por más que en las nuevas emisiones, ya con el cambio de condición de la paraestatal a empresa productiva de Estado, no habría las mismas condiciones de respaldo gubernamental.
De hecho, la intención de la actual administración es desendeudar a la firma en el escenario de una posible autonomía presupuestal.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
