La violencia criminal en Zacatecas tiene varios factores que la detonan: La impunidad, el vacío legal, la complicidad de políticos con el crimen, la riqueza del estado en materia de minería, su posición geográfica privilegiada, entre otras, son causas que desatan la crisis que padece esa entidad.
A lo largo de su historia, Zacatecas ha encubierto al crimen organizado. Políticos y empresarios, ligados a actividades criminales, han robustecido la impunidad que enfrenta la entidad. Y esa impunidad es la principal razón de que cinco cárteles estén en abierta disputa no sólo por el control territorial sino por los múltiples negocios que al amparo del vacío legal se pueden realizar: cobro de piso, regenteo de giros negros, tráfico humano, por citar sólo algunos.
Son cinco los cárteles que se disputan el control político y territorial. Para leer bien lo que pasa en el tablero criminal hay que ver qué pasa en el terreno político.
Si el Gobernador David Monreal Ávila llegó al poder financiado por el crimen, eso explica, en parte, la razón de la violencia de alto impacto que enfrenta la entidad.
Si el pacto fue con Sinaloa, hay razones para que haya enojo de parte del cártel de Jalisco, pues Nemesio Oseguera, “El Mencho”, también quiere su trozo de territorio, protección y libertades para operar. Y lo mismo exigen Los Talibanes, otro grupo violento, así como el cártel del Golfo y el del Noreste, éste último escisión de los antiguos Zetas.
La violencia extrema, un espectáculo de horror con hombres descuartizados y colgados de puentes y árboles, es un claro mensaje de que el Gobernador está siendo llamado a pactar con el crimen organizado o bien que debe pagar algunas facturas que, quizá, no quiera cubrir tras haber arribado al gobierno de Zacatecas. El costo es altísimo, más, para la sociedad que ya está harta de los embates del crimen.
Al Mandatario lo están obligando a responder por los acuerdos tratados, de otro modo, la entidad no tendrá paz ni gobernabilidad. Después de la elección del 6 de junio ningún otro estado, donde los candidatos de Morena ganaron con el apoyo del crimen organizado, tuvo problemas de violencia como los enfrenta actualmente Zacatecas.
Sinaloa está controlado, lo mismo que Nayarit y Baja California; de igual forma está San Luis Potosí y Sonora, por otra parte, enfrenta algunas sacudidas aunque nada comparable con lo que pasa en Zacatecas, donde el Gobierno del Estado está totalmente rebasado. Nuevo León, aún con sus problemas de consumo de drogas, no tiene crisis en la seguridad. Al menos nada fuerte trasciende a nivel nacional.
Se observa que los gobernadores que arribaron al poder cumplieron los acuerdos, siguieron las reglas básicas de la mafia donde existe una máxima inviolable: “Entre chuecos las cosas son estrictamente derechas”. Así reza la cartilla moral de la mafia. Zacatecas llama mucho la atención. Seguramente David Monreal está analizando con qué grupos criminales va a pactar. Si no lo hace difícilmente habrá gobernabilidad en ese estado. Y él lo sabe.
Ante la crisis severa que enfrenta ese estado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a su Gabinete a Zacatecas para analizar y atender la emergencia. Fue un mero espectáculo. Nada trascendente.
Ordenó el despliegue de poco más de 4 mil miembros de la Guardia Nacional para atajar la oleada de violencia que enfrenta el estado; sin embargo, la medida, a todas luces desesperada, no dará resultados. Probablemente frenen la violencia pero no el problema de fondo: la corrupción, los vínculos criminales y políticos y la red de empresarios ligados al lavado de dinero. Ese es el fondo que no atiende el gobierno de la Cuarta Transformación en ningún rincón del país.
El Presidente López Obrador hace oídos sordos ante el fenómeno de la narcopolítica, el principal problema del País que incide en la crisis de seguridad. Si no se atiende el tema no habrá pacificación territorial. Los programas sociales no resuelven las causas de la violencia. El reparto de dinero no sirve. Lo que funcionaría sería una estrategia integral antimafia, la cual hasta ahora no existe en el gobierno del cambio.
No queda claro, hasta ahora, cómo el gobierno cumplirá -si es que cumple -con el compromiso de pacificar el país. Dice el Presidente López Obrador que su gobierno atiende las causas de la violencia, pero las reales no están atendidas: la corrupción institucional, que sigue galopante y solapada; los vínculos del poder con el crimen; las policías ligadas a los poderes fácticos, entre otros, siguen sin resolverse.
El discurso del Presidente se cae a golpes de realidad. Una cosa es lo que él sostiene y otra, muy diferente, lo que realmente ocurre. Las palabras frente a los hechos.
Si el Gobierno no define una estrategia antimafia integral la Cuarta Transformación no resolverá el problema de fondo con respecto a la violencia. Son 15 los cárteles que operan impunemente y que hallaron en el actual gobierno un oasis de impunidad.
Nada los perturba. El Gobierno apuesta por multiplicar la presencia militar en Zacatecas, pero eso no funciona. Lo que realmente resuelve el problema es aplicar la ley -y evitar vacíos legales en el territorio nacional- perseguir a políticos y empresarios ligados al crimen y de esa manera romper las complicidades mafiosas que son, en estricto sentido, el verdadero corazón del crimen organizado. Pero ese punto no lo quiere tocar el Presidente. Prefiere simular que actuar con apego a la ley.
