Quizá el cártel que de mayor impunidad ha gozado en México, sea el Cártel de Sinaloa. Fundado a mediados de los años 80, tiene entre sus cabezas criminales a Ismael “El Mayo” Zambada García, que a sus 74 años ha sido prófugo de la justicia por más de 30 años.
Zambada se formó criminalmente en el Cártel de Guadalajara que encabezaban los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, aprehendidos todos entre 1985 y 1989, poniendo fin a esa estructura criminal, y dando paso a la creación de los más notorios cárteles de las drogas que se dividieron el país para su ilícita actividad. La mayoría de esas mafias sobrevive a la fecha a base de corromper los cuerpos de seguridad, las fiscalías, instituciones federales y, particularmente, ante la incapacidad que ha tenido el Estado Mexicano para perseguirles y mantenerles en prisión por los múltiples delitos cometidos.
Actualmente, el Gobierno de los Estados Unidos tiene a cuatro capos mexicanos entre los más buscados y ofrece recompensas por información que lleve a la captura de los mismos. Entre ellos, los más notorios, en este y en aquel territorio son Rafael Caro Quintero, por quien ofrecen 20 millones de dólares; Nemesio Oseguera Cervantes, 10 millones de dólares; y 5 millones de dólares por datos que los lleven a la captura de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “Los Chapitos”, en particular, a Jesús Alfredo Guzmán.
En México no hay quien los persiga, ni quien ofrezca recompensa por su captura, mucho menos autoridad que les ande siguiendo los pasos con la intención no solo de aprehenderlos, sino de desmantelar su estructura criminal para ir combatiendo al narcotráfico de manera ordenada, científica, con inteligencia y operativos especiales.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no los persigue. A pesar de las cada vez más violentas y sangrientas muestras que dan los cárteles de la inseguridad al tomar pueblos, ciudades y calles para masacrar a sus competidores, el Mandatario nacional no mueve ni un ápice su política pública de “abrazos, no balazos”, para evitar operativos de captura. De hecho, cada que puede, reitera en sus conferencias matutinas que él personalmente fue quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, otro “Chapito” hijo de Guzmán Loera, cuando en 2019 la Policía Federal, en coordinación con autoridades de los Estados Unidos, detuvo al capo, sin utilizar una sola bala, en Culiacán, Sinaloa.
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, está más ocupado y centrado en la persecución de sus adversarios políticos, como Ricardo Anaya, Santiago Nieto, Julio Scherer, o la familia que fue de su hermano, que no tiene tiempo para estructurar una estrategia de combate al narcotráfico, como es su responsabilidad.
Esta semana, la confirmación de la pasividad (por decir lo menos) de la autoridad y la impunidad de los cárteles la dio el Presidente López Obrador cuando solicitó que el Cártel Jalisco Nueva Generación dejara de utilizar el nombre de Jalisco, porque afecta al estado origen de la Perla de Occidente. Por supuesto, no sin antes despotricar contra el ex Presidente Felipe Calderón, López Obrador dijo, a raíz del fusilamiento de 17 personas en Michoacán: “...Todo esto que estamos viendo, en San José de Gracia, de donde surgieron estos grupos, del gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia, de donde surgió esta organización de Jalisco (Cártel Jalisco Nueva Generación), pues entonces, todos ellos... que, por cierto, deberían quitarle el nombre porque afectan a Jalisco, pues urge que esto que estamos padeciendo de ese tiempo”.
Entonces, ¿por qué mejor en lugar de tenerle consideraciones a los cárteles para pedirles que modifiquen su nombre criminal, no los combate para desmantelarlos? El Presidente estaría cumpliendo con su obligación y compromiso de proveer seguridad y tranquilidad a sus gobernados.
Solicitar que un cártel, uno solo, modifique su insignia criminal (no lo hizo con el Cártel de Sinaloa, ni con el de Juárez, ni con el de Colima, ni con el del Golfo, o el de Guerrero, por mencionar algunos), es tanto como conceder que persistan en su actividad criminal, pero con otro nombre para no afectar la reputación social de una entidad federativa.
Y eso, eso es proveer de mayor impunidad a las organizaciones criminales que tanto laceran la vida de los mexicanos a base de sangre, plomo y drogas.
