Tres días después de que Irma Eréndira Sandoval fue removida como Secretaria de la Función Pública sin explicación oficial alguna, el Presidente dedica parte de su monólogo matutino (24 de junio) a presumir que la corrupción es cosa del pasado, que la erradicó de su administración y que sigue con la máxima de que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Dijo: “...puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno”... “Que me digan lo que sea, pero la corrupción se acabó, que se vayan a robar a otras partes”.
En su video-salida, la Secretaria intentó hacer un mini informe de su gestión, mismo que el Presidente desairó de mala manera. En realidad hay poquísimo que mostrar pero, dado que en este gobierno las decisiones las toma y difunde el Presidente, la responsabilidad recae sobre él.
Ejemplos de la persistencia de la corrupción y la impunidad, sobran. El récord batido en la entrega de adjudicaciones directas a pesar de haber sido “prohibidas” en el Plan de Desarrollo elaborado en la Presidencia y aprobado en el Congreso, no es atribuible a la ex Secretaria Sandoval. Al último corte de 2020, los contratos entregados por adjudicación directa alcanzaron el 80.3 por ciento. Tampoco es atribuible a ella que, en Pemex reine la opacidad como lo demuestra el que el 90 por ciento de los procesos de compras presentaron anomalías como falsa competencia, alta concentración en un solo proveedor y una clara preferencia por los procesos discrecionales hechas mediante invitaciones restringidas o adjudicaciones directas; que el IMSS haya contratado a empresas de la familia de su titular; que se hayan otorgado al hijo de Bartlett contratos a un sobreprecio de 85 por ciento para la adquisición de ventiladores en la emergencia de Covid19 o que las empresas de familiares y amigos del superdelegado de Jalisco -Carlos Lomelí- hayan sido inhabilitadas para después volver a ganar contratos en la compra consolidada de medicamentos.
No es creíble que López Obrador no hubiese estado enterado o incluso no haya ordenado la exoneración de Bartlett y Sánchez Cordero en las omisiones e “imprecisiones” de sus declaraciones patrimoniales; que, sin su consentimiento, los cuatro expedientes contra Conade, incluido el de las operaciones irregulares del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, utilizado para crear una red de empresas y personas ajenas al deporte y triangular recursos públicos sigan durmiendo el sueño de los justos; que haya llamado aportaciones y no financiamiento ilegal a los recursos recibidos por su hermano Pío López Obrador para la campaña, y que no haya pasado a más que otras dos familiares -cuñada y prima- que hayan sido señaladas por actos de corrupción.
Estos ejemplos denunciados por diversos medios, periodistas y organizaciones dedicadas a combatir la corrupción bastarían para tirar por tierra la idea de que la corrupción se barre, como las escaleras, de arriba para abajo. No las ha barrido el Presidente y no las barrió su Secretaria. Ambos se concentraron en la corrupción del pasado sin reparar en la del presente. La gestión de Sandoval no es defendible porque a diferencia de lo que hizo Jaime Cárdenas cuando vio lo que vio, prefirió callarse y entregar su lealtad a ciegas en el asunto que le encomendó el Presidente. Si de algo pecó la Subsecretaria fue de no haber entendido que la lealtad a ciegas no era sólo para su cartera sino para cualquier asunto, incluido el electoral.
Con todo, esto no es lo más grave. Peor es que, en materia de corrupción e impunidad, no se ha puesto ni siquiera la primera piedra para combatirlas. Lo que sí ha ocurrido es la reducción del presupuesto de las instituciones dedicadas a ello, la colocación al frente de ellas a incondicionales, la denostación de las instituciones como el SNA o el INAI y el desprecio de las propuestas de la sociedad civil y organismos internacionales para tener mejores resultados.
En lo que fue la principal bandera para llegar a la Presidencia no hay más que promesas incumplidas. Lo único que se nos ha ofrecido es un discurso sin asidero alguno en la realidad.
A casi tres años de gobierno, la concepción voluntarista del combate a la corrupción ha demostrado su fracaso. Peor, en vista de los resultados, no hay ni voluntad, ni políticas que acompañen a esa inexistente voluntad. No sorprende, entonces, que según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, el 61 por ciento de los mexicanos opine que la corrupción sigue igual o peor que con Peña Nieto.
Como el resto de los asuntos de política pública en México, los de la corrupción y la impunidad se tratan con ligereza y frivolidad. No puede haber resultados cuando en lugar de una política coherente e integral lo que se nos ha dado es demagogia discursiva, noticias falsas, selectividad y proclamas de moralidad. Las reglas y los incentivos que permiten la corrupción y la impunidad están intactos.
