¿Y el buen fin?

ANTE NOTARIO
    En memoria de Malcolm Pepper.
    Diversas estrategias para manipular al consumidor se hacen presente (manipulación de precios, venta de saldos, promociones atadas, cargos no solicitados, etc.) en un contexto en el que no hay autoridad ni capacidad para regular, supervisar ni sancionar.

    Los consumidores son atraídos por ofertas que parecen ser atractivas. Las hormonas que segrega el cerebro de la víctima publicitaria, atraída por el sentido de la urgencia, escasez y de la disponibilidad limitada, condicionan la racionalidad en el consumo. Las deudas aumentan y la satisfacción real de necesidades inventadas también. La pantalla de 80 pulgadas sirve para lo mismo que una de 35 pulgadas...

    Desde la empresa, según han documentado y estudiado con seriedad premios nobeles de Economía, la manipulación se teje con premeditación, a sabiendas de las vulnerabilidades de los consumidores y con la intención clara de aumentar los ingresos y los dividendos para los socios y accionistas. El libro “Phising for phools” (Akerloff, Shiller) da cuenta de ello.

    De manera similar a lo que acontece con las empresas que, sin remordimiento alguno, inundan el mercado de productos alimenticios que contribuyen a la obesidad infantil o de productos milagro que no son útiles para aliviar, ni mucho menos curar. Sunstein en “Nudge” lo explica con claridad.

    Es una convocatoria para consumir, paradójicamente, para ser menos felices. El engaño, por otro lado, nunca deja de estar ausente. Diversas estrategias para manipular al consumidor se hacen presente (manipulación de precios, venta de saldos, promociones atadas, cargos no solicitados, etc.) en un contexto en el que no hay autoridad ni capacidad para regular, supervisar ni sancionar.

    Y es que hay que promover el consumo de verdaderos satisfactores de necesidades reales. No se trata de satanizar al comercio. Por el contrario, se debe incentivar un mercado comprometido con el bienestar de las comunidades.

    En mi actividad profesional, equivaldría a crear la necesidad de celebrar actos jurídicos en escrituras en situaciones innecesarias, formalizar escrituras que no son útiles para documentar la situación jurídica, ofrecer servicios notariales a sabiendas de que serán nulos en un juicio, omitir actividades esenciales como identificar a las partes, hacer un juicio de capacidad, revisar legitimación y personalidad, entre otras.

    A nadie, incluso a los que no participan del “Buen Fin”, le conviene que el mercado de bienes y servicios funcione mal. La economía padece a consecuencia del dinero mal gastado. Su escasez ordena hacia la racionalidad. El daño es mayor cuando las instituciones gubernamentales se cuelgan de ese programa comercial para condonar multas y recargos de contribuciones que los ciudadanos omitieron cubrir de manera espontánea dentro de los plazos fijados por las leyes fiscales.

    El contexto no ayuda. Nuestra cultura fiscal deficitaria y, en teoría, impulsada por las autoridades para que todos paguemos lo que toca y a tiempo, se halla en proceso de formación. Si la impunidad es rampante y el ciudadano no tiene en la ley un referente, la legalidad en general seguirá siendo una aspiración que, con programas como el Buen Fin en materia fiscal, no es apto para consolidarla.

    Los incentivos que el Buen Fin genera son los opuestos: “no pagues a tiempo, el político en turno te hará descuentos. Sigue votando por nosotros”, es el mensaje entre líneas. “Por qué las naciones fracasan”, de Acemoglu y Robinson, ilustra cómo el desarrollo institucional sólido es la clave para dejar de ser países pobres (aunque se tengan recursos naturales y talento).

    Mientras tanto, en nuestra cotidianidad (ponga Usted el dedo el municipio que sea del País), las colonias populares y no tan populares, los parques, las bibliotecas, los espacios deportivos comunitarios (¿cuáles?), la infraestructura urbana, la seguridad pública, la calidad del agua potable, etc., están colapsados, en franco deterioro, propios de un país subdesarrollado en el que la clase política (del México contemporáneo) y las élites económicas han extraído todo para ellos, a costa de quienes cumplen con sus deberes constitucionales.

    Salvo que se les ocurra a los reformistas alguna atrocidad, en la Constitución sigue leyéndose que es deber de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Dónde encaja ahí el Buen Fin?

    Ante Notario

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    @AnteNotario