Para José Ramón Cossío, jurista que enorgullece
Como si fuera una competencia contra sí mismo, en que la victoria exige de barbaridades crecientes, el Presidente no da tregua. Acostumbrarse a ellas, quizá hasta reírse, no es opción. La República estaría perdida.
“Apenas se está publicando la reforma y ahí viene el amparo...”. Apenas se está publicando, pero el revuelo por la aberración jurídica lleva mucho tiempo. Comenzó desde el 2019 y se agigantó con la controversia constitucional interpuesta por COFECE contra la llamada “Ley Nahle”. Abogados y juzgadores han tenido mucho tiempo para elaborar sus argumentaciones. Ante la “Ley Nahle” fue la SCJN quien echó abajo las iracundas pretensiones de violentar las diferentes normatividades que rigen al sector. Ahora repiten en su tentativa y un juez de primera instancia declara la suspensión provisional generalizada. La noticia es doblemente buena para México. Demuestra la potencia de la nueva ley de amparo y eso apoya al estado de Derecho. Fueron particulares los que activaron el mecanismo, porque no nació a través de la SCJN. Un juez detuvo al avasallante ejecutivo.
Hay otros precedentes, una joya del pensamiento autoritario fue aquello de que los abogados que trabajan para las empresas involucradas son “traidores a la patria”. La palabra traidor es tan grave que da pie para acciones jurídicas en su contra. Hasta la Barra de Nueva York, de añejo prestigio, salió, con asombro y cierta sorna, a ridiculizar el dicho presidencial. No satisfecho con las dos pifias monumentales, envalentonado por ese micrófono que día a día cava su tumba política, el Mandatario regresó a las andadas con más descalificaciones: “Estos jueces surgen cuando se llevó a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras”. Cero criterios de competencia y beneficio al consumidor. Son jueces con un pecado de origen, ideológico, buscan el imperio de la ley -ampare a quien ampare- públicos o privados. Un juez que apoye a un casero o a un comerciante no estará defendiendo los intereses populares, los moralmente válidos para “el interés nacional”, único que tiene la calidad moral de su lado. No entiende al estado de Derecho, por eso quiere que el derecho siempre esté con sus causas.
No satisfecho con su ignorancia jurídica y obcecación da otro paso: “Nosotros -expresión demagógica de cobijo porque con el ‘vamos’ bastaba... a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial revise el proceder de estos jueces, porque sería el colmo que en perjuicio del país estuviese (sic) al servicio de particulares”. Su deseo es echar abajo no sólo el pronunciamiento judicial, la suspensión provisional, sino además cortarles la cabeza a los jueces “traidores”. Para ello pretende acudir a la SCJN -cuando sólo le queda a apelación- con una sugerencia (petición, orden): investíguenlos porque de seguro son traidores. El Presidente inventó una nueva figura jurídica, la presunción de culpabilidad. De seguro son jueces vendidos a las empresas, corruptos y traidores y por eso casi instruye a otro poder a montarse en su enfado. La República soy yo y las instituciones deben doblegarse a mis obsesiones.
Para aderezar el ridículo presidencial, la suspensión es de carácter general, o sea que ampara a un sector que lleva levantado en armas dos años. Allí vienen la artillería de amparos en defensa de la libre competencia, del consumidor, agravados con el bombardeo jurídico del derecho a un medio ambiente sano y la posibilidad de arbitrajes internacionales previstos en los tratados comerciales, T-MEC incluido. Es una guerra contra la encarnación del nuevo autoritarismo mexicano sin posibilidades de victoria. Lo más probable es que el resto de su mandato se atasque frente a un desfile de derrotas que lo llevaran a la parálisis.
Paradojas: para México esa derrota será un triunfo: existen leyes y juzgadores (traidores) capaces de frenar tiranías.
