Durante la semana pasada la violencia marcó de manera incuestionable la agenda pública en Sinaloa. Escuelas y hospitales en Culiacán la padecieron de manera directa. Cualquier mirada medianamente racional y honesta tendrá que saber reconocer que una eventual solución al cáncer de la violencia supera el ámbito educativo. Pero sería una omisión grave dejar pasar la oportunidad para reflexionar sobre la forma en la que el sistema educativo en Sinaloa se debe preparar para reaccionar frente a la violencia que lo rodea.
Más allá de la casuística particular, cuando la violencia irrumpe de inmediato se mira a las instituciones encargadas de mantener lo menos lastimada la seguridad física y emocional de la población. Y también se presta atención a los protocolos. Aunque no representen una solución de raíz al clima de violencia que asedia al estado, estos protocolos ofrecen un camino que permite mantener lejos el caos y la desesperanza.
Para tener buenos protocolos hay que partir haciéndose una pregunta dura: ¿Si ocurre una balacera, qué debemos hacer? La gran mayoría de las personas preferiría nunca tener que imaginarse en esa circunstancia. Pero dado que los seres humanos hemos sido creados con la capacidad de utilizar el dolor y la angustia como mecanismos de supervivencia, imaginar ese escenario es fundamental para enfrentarlo adecuadamente si se da el momento.
La claridad de qué deberá hacer cada integrante de la comunidad escolar, puede disminuir riesgos innecesarios y evitar costos en vidas humanas que pudieran evitarse. También debiera generarse una adecuada articulación con servicios de seguridad y de salud necesarios para poder confrontar una crisis producida por algún episodio de violencia.
Desde otra mirada, esta problemática también ofrece la posibilidad de aportar a la formación integral de los estudiantes, si se toma como prioridad construir capacidades como la resiliencia y la empatía. Resiliencia para mantener firme una trayectoria basada en la educación como motor de bienestar social, cultural y económico. Empatía, para entender el problema de la violencia desde una mirada humana.
Tanto el Congreso del Estado como la Secretaría de Educación Pública y Cultura tienen ante sí la posibilidad de reaccionar a esta problemática con altura de miras. Un camino posible podría ser explorar posibles relaciones entre los niveles de incidencia delictiva -particularmente los homicidios- y cuestiones como el rendimiento académico y el desarrollo socioemocional de los alumnos. De detectarse vínculos significativos entre inseguridad y aprendizaje, se deben desarrollar nuevas políticas educativas y sociales en Sinaloa.
Aprender cómo responden a esta problemática junto a otras entidades y localidades que también la estén padeciendo, puede ser un camino a nuevas soluciones. De acuerdo con una revisión legislativa realizada por el equipo de investigación de Mexicanos Primero, existen 13 entidades federativas que cuentan con leyes de seguridad y prevención de la violencia en el entorno escolar. Estudiar estos casos puede ser un punto de partida.
El peor de los casos es no hacer nada. A pesar de tratarse de un problema que supera la capacidad de gestión de actores como la SEPyC y el Congreso, se puede y se debe buscar entender con más profundidad qué factores locales se asocian a la problemática de la violencia y cómo afectan el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes. Herramientas como leyes, programas de intervención y nuevos recursos pueden contribuir a generar una agenda que permita aprender a ser más resilientes y responder de una mejor manera ante el lamentable clima de violencia, lastimando lo menos posible las oportunidades presentes y futuras de los estudiantes en el estado. Es imperativo dar máxima prioridad a la tarea de construir un entorno seguro y propicio para el aprendizaje y desarrollo de los niños y jóvenes en Sinaloa.
