El recién concluido proceso electoral 2023-2024, además de ser el más gran y complejo de la historia moderna, ha sido también el más violento. En esto coinciden todos los monitoreos y estudios llevados a cabo por diversas organizaciones sociales y académicas. En Causa en Común, hasta el día de hoy, hemos contabilizado 65 actores políticos asesinados en el marco del proceso electoral, incluyendo 38 aspirantes o candidatos. 1 Esta cifra es superior a los 30 asesinatos de aspirantes o candidatos registrados en el proceso electoral 2020-2021, y a los 24 del 2017-2018.
La violencia política no es ninguna novedad, ni está delimitada por las coyunturas electorales. 2 Como resultado de la debilidad de las instituciones y la capacidad de grupos criminales para incidir en el campo gubernamental, la violencia se ha vuelto un recurso común, accesible y cotidiano para dirimir los conflictos inherentes al quehacer político, sobre todo en el ámbito municipal.
Como hemos aprendido a partir del diálogo con otras organizaciones e investigadores, no existe un consenso sobre cómo medir la violencia política, en buena medida porque es difícil delimitar las expresiones que la conforman y el perfil de sus víctimas. 3 Por ejemplo, a los asesinatos de actores políticos, se pueden también sumar desapariciones, secuestros, amenazas y atentados que, pese a ser crímenes diferentes, pueden estar orientados por una misma lógica política: incidir en los procesos de toma de decisiones que dan forma a lo que entendemos como la “vida pública”: el resultado de una elección, la conformación y el funcionamiento de un gobierno, las modalidades de participación comunitaria, etcétera.
Asumiendo estas dificultades para conceptualizar un fenómeno tan complejo, en Causa en Común optamos por delimitar nuestra exploración de la violencia política a los asesinatos de actores relevantes para el proceso electoral 2023-2024, entre los que consideramos a aspirantes/candidatos, funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas.
A lo largo del periodo de análisis, 17 entidades del país registran el asesinato de al menos un actor político, concentrándose la incidencia en los estados de Guerrero (13), Michoacán (11) y Chiapas (9). En el caso de los aspirantes o candidatos asesinados, el 31.6 por ciento contendía por Morena, mientras que el 23.7 por ciento lo hacía por el PRI y otro 15.8 por ciento por el PAN. Es importante también destacar que el 92 por ciento de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal, siendo este nivel de gobierno el eslabón político más afectado por la violencia durante la pasada elección.
Es difícil, prácticamente imposible, dada la escasez de información y la debilidad de nuestras instituciones de procuración de justicia, saber qué proporción de estos asesinatos está asociado con la delincuencia organizada. Sin embargo, es imposible ignorar que las condiciones que permiten el desarrollo y la expansión del crimen organizado son fundamentalmente políticas, lo que convierte a los procesos electorales en un factor crucial para determinar la acumulación o la pérdida de poder de las organizaciones criminales.
Para enfrentar esta problemática es fundamental que las autoridades y la sociedad civil trabajen en conjunto para fortalecer las instituciones democráticas y de procuración de justicia. Esto incluye la implementación de mecanismos efectivos de protección para los actores políticos, así como la creación de estrategias de prevención que aborden las causas profundas de la violencia. Es crucial promover una cultura de legalidad y transparencia, y asegurar que los crímenes relacionados con la violencia política no queden impunes, pues la falta de justicia solo perpetúa el ciclo de violencia y desconfianza en las instituciones.
Finalmente, es imperativo reconocer que la violencia política es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país en términos de gobernabilidad y seguridad. La colaboración entre gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional es vital para desarrollar soluciones integrales y sostenibles. Solo a través de un esfuerzo concertado y coordinado se podrá construir un entorno político seguro y estable, donde los procesos electorales puedan desarrollarse sin el temor constante de la violencia, y donde la voluntad del pueblo se exprese de manera libre y democrática.
* Fernando Escobar Ayala es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, con lineas de investigación en sociología de las violencias, seguridad pública y militarización. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como investigador en organizaciones de la sociedad civil en temas como el combate a la corrupción y la promoción de los derechos humanos.
1 El monitoreo inicia en junio de 2023, dado el inicio anticipado de los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos políticos. La base de datos del monitoreo puede consultarse en: Causa en Común, Asesinato de Actores Políticos.
2 Por ejemplo, entre 2020 y 2023, Causa en Común registró un total de 237 asesinatos de actores políticos. Véase: Causa en Común, Galería del horror. Disponibles aquí.
3 Además de la clase gobernante, actores como periodistas, activistas y demás representantes sociales ejercen labores que impactan en el orden político. Véase: Juan Pablo Ortiz Polo, “Violencia política: más allá de candidaturas y elecciones”, Nexos, 29 de febrero de 2024.
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