Estamos en la antesala de nuevas modificaciones a las reglas electorales. No podemos hablar de una reforma profunda, pero sí de un ajuste que se busca para eliminar la reelección que apenas se incorporó al texto constitucional en 2014 y establecer nuevas reglas para evitar el nepotismo en los cargos de elección popular.
En el camino reformador de nuestro sistema electoral hemos visto que cualquier modificación a las reglas electorales tienen un impacto en la estabilidad y legitimidad del aparato gubernamental; aunque la gran mayoría de las veces el contenido sea técnico, en realidad las motivaciones son políticas. En este escenario resulta fundamental que la reforma se consulte y consense, nunca que se imponga.
La propuesta de reformar el sistema electoral mexicano no es nueva. Desde el inicio de la administración anterior se han planteado diferentes modificaciones, entre ellas: la disminución de los costos de las elecciones y del financiamiento público a partidos políticos, la eliminación de la representación proporcional y la reducción del número de legisladores/as, la desaparición del INE y la creación del INEC, por señalar algunas.
Hasta ahora no se ha logrado llevar a cabo una reforma de gran calado ni seguir los postulados que se habían planteado. Sin embargo, en los últimos días, la Presidenta y algunos legisladores afines han propuesto una reforma electoral parcial, que se enviará en el segundo periodo ordinario de sesiones -entre febrero y abril de este año-, y otra que se discutirá después de las elecciones judiciales del 1 de junio. La primera versa sobre la no reelección en cargos de votación popular y la prohibición del nepotismo para impedir que los cargos del Poder Ejecutivo sean sucedidos por familiares inmediatos; la segunda consiste en la reducción de costos en los procesos electorales y del financiamiento de partidos, así como la eliminación de la figura de representación proporcional.
Lo deseable es que sea posible abrir espacios de análisis para estas propuestas, en las que podamos plantear y buscar respuestas para preguntas como ¿cómo podemos procurar la integridad y legitimidad de esta reforma? ¿Con qué criterios debemos analizarla?
Como parámetro para hacer un análisis sobre estos aspectos, el Global Network for Securing Electoral Integrity (GNSEI) ha establecido seis principios para una reforma electoral democrática, los cuales son aplicables a cualquier contexto político y subtipo de reforma, y que para el Laboratorio deberían tomarse en cuenta en este nuevo proceso de reforma:
1. Construcción de consenso político mediante discusiones inclusivas, identificación objetiva de intereses comunes e incentivos políticos.
2. Transparencia, priorizando la comunicación clara y accesible en cada etapa del proceso, incluyendo la participación de personas observadoras, asociaciones civiles y partidos de Oposición.
3. Inclusión que facilite procesos consultivos, aportes de personas expertas y actores sociales, especialmente de segmentos clave de la sociedad, como mujeres y personas marginadas.
4. Evidencia y visión a largo plazo, lo cual es posible a través de información concreta y de calidad, evidencia proveniente de fuentes fiables, reportes y recomendaciones internacionales, auditorías y estudios académicos comparados.
5. Marcos de tiempo y recursos adecuados para evitar cambios repentinos que provoquen la incapacidad de implementación de la reforma o poco tiempo para que las personas votantes los comprendan.
6. Estructuras de rendición de cuentas que garanticen claridad en los roles y responsabilidades de las y los involucrados en la reforma, tiempos y plazos definidos y criterios clave para evaluarla.
Estamos convencidos que en democracia se debe escuchar a todas y todos, y en un proceso de reforma de las reglas electorales esta es una premisa fundamental.
