Vialidad y Transportes, con freno de mano
Violencia vial, veloz; reacción oficial, lenta
alexsicairos@hotmail.com
Frente al repunte de la violencia vial en Sinaloa la única eventualidad de contenerla tiene que ver con que el Gobierno del Estado vaya más allá de las acciones de siempre, comprometa mayores recursos públicos y voluntad política, y que el Director de Vialidad y Transportes, Miguel Loaiza Pérez, haga lo que tenga qué hacer sin esperar a que sea el Gobernador Rubén Rocha Moya el que solucione el problema. De no ser así, a las autoridades las atropellarán pronto las desidias y a los ciudadanos las pasividades que muestran en exigir resultados.
Mientras los percances viales sí crecen a exceso de velocidad, a los servidores públicos no hay quién los acelere en cuanto a resultados. De acuerdo al más reciente análisis de la organización ciudadana Mapasin, en septiembre la siniestrabilidad por accidentes de tránsito aumentó en 4 por ciento comparada con agosto, sumando 219 hechos que ocasionaron la pérdida de cinco vidas humanas. El número de estos eventos, cotejado frente al mismo mes de 2021, reporta incremento del 20 por ciento.
El total de personas que resultaron lesionadas en septiembre asciende a 162, una menos que en agosto. De las víctimas letales dos son motociclistas, dos automovilistas y un peatón. De éstos, tres ocurrieron en la madrugada y todos en fin de semana: uno en viernes, dos en sábado y dos en domingo. Mapasin destaca en el análisis la importancia de la iluminación de las calles no solo en el arroyo vehicular sino toda la vialidad completa, incluida y especialmente la banqueta.
Cada vez que es sujeta a revisión este tipo de inseguridad pública salta a la vista la deficiente acción de las instituciones y funcionarios que tienen la encomienda de presentar soluciones en lugar de arrinconarse en las oficinas a atender lo burocrático y descuidar lo estratégico. Existe bastante por hacer y cada vez que se realizan reuniones las necesidades son enlistadas y finalmente nadie las atienden dándole vueltas a lo mismo, por los mismos y con lo mismo.
La semaforización deja mucho que desear porque la mentalidad se atora en sustituir las luces fundidas, enderezar los postes, o encender los dispositivos que se apagan. La ingeniería vial, que es la encargada de estudiar y planear el funcionamiento de semáforos ajustando los tiempos según lo requiera el flujo vehicular, está ausente y de allí vienen los embotellamientos porque el ordenamiento con sistema de colores corresponde a años en que el tráfico era menos intenso.
Otro absurdo es ver a los agentes operando manualmente los semáforos en plena era de la tecnología que sistematiza este tipo de controles y los convierte incluso en detectores y sancionadores digitales de infracciones. Si esta regresión pudiera ser más patética sería por la utilización de agentes de vialidad, que se necesitan vigilando la vía pública, asignados a allanarle el paso a funcionarios o escoltándolos para agilizar sus trayectos. ¿Cuántos elementos son distraídos de lo fundamental al destinarlos al servicio de políticos con poder que esquivan los embotellamientos y accidentes que ellos mismos provocan con sus ineptitudes?
La vigilancia de tránsito sigue siendo el desastre que es la causa principal de la creciente violencia vial. Los automovilistas que conducen texteando o conversando por sus teléfonos celulares, aquellos que olímpicamente se saltan el rojo en los semáforos, rebasan por los acotamientos, o zigzaguean prepotentes en medio de congestionamientos, lo hacen con la certeza de que la ausencia de policías y la ley como letra muerta les otorgan licencias para ser peligrosamente anárquicos. En tanto, los alcaldes traen un séquito de policías viales para que los libren de las inclemencias del caos citadino que enfrentan los ciudadanos comunes y corrientes.
¿Así cómo, pues? Las rimbombantes estrategias contra homicidios imprudenciales que se anuncian en presencia de Rocha Moya, el ensalzamiento del Plan de Movilidad Urbana, el ofrecimiento de adquirir quién sabe cuántos semáforos, el alarde de operativos policiacos para reordenar la circulación automovilística, pasan a ser demagogia en cuanto el Gobernador deja solos a sus colaboradores, a pesar de que aquí también cabe la consigna rochista de más territorio y menos escritorio.
Es así como volvemos al mismo punto. La crisis vial y sus víctimas provienen de lo imposible que les resulta a servidores públicos entender que la misión que les dieron no consiste en encerrarse en sus despachos refrigerados o destinar a supervisar sus negocios el tiempo que deben dedicar al desempeño de los cargos. La idea del puesto de gobierno obtenido como prebenda, sin tener nada que ver con la vocación y aptitud de servicio, propicia la mentalidad de que los ciudadanos se las arreglen a como puedan en sus tantos requerimientos de apoyo del gobierno.
Y para cerrar vale una pregunta pertinente: casi un año después de que Rocha Moya nombró Director de Vialidad a Miguel Loaiza Pérez, concesionario y dirigente del transporte urbano, ¿cuál es la aportación o esfuerzo que se le conoce en lo que respecta al área de su competencia?
En Sinaloa sería bueno,
Pensar en la factibilidad,
De echar a andar Vialidad,
Con escritorios todoterreno.
En lo que representa el paso jurídico más decisivo que inclina la báscula de la justicia en contra el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, la vinculación a proceso por el contrato irregular para rentar 40 camiones recolectores de basura, pagando 117 millones de pesos en tres años, le cancela cualquier posibilidad a JEF de regresar a la Presidencia Municipal. Ayer el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, le agregó otro clavo a la cruz del juicio político al señalar que con esa cantidad malversada se hubieran podido comprar hasta 100 camiones recolectores de basura. Sugirió esculcar en la compra de luminarias y funcionamiento del taller municipal donde el aguerrido “Morrín” cree que Estrada también “se despachó con la cuchara grande”.
